En un país como el nuestro, marcado por una profunda crisis política, económica y social, generada por el saqueo y la incapacidad del régimen de Nicolas Maduro, la situación de los niños presos, torturados y asesinados es un tema que exige todavía más atención y urgencia.
La represión sistemática contra la disidencia política ha llevado a la detención arbitraria de miles de personas, incluyendo menores de edad, quienes se han convertido en víctimas de un estado que antepone su permanencia en el poder sobre la vida y la dignidad de los ciudadanos.
Hasta la fecha, se han reportado casos desgarradores de niños que han sido encarcelados por ejercer su derecho a la libertad de expresión o por ser hijos de opositores al régimen.
Estas detenciones son parte de un patrón más amplio de violaciones de derechos humanos que, según diversas organizaciones internacionales, incluye torturas, condiciones inhumanas de prisión y, en el peor de los casos, asesinatos.
Un número alarmante de 1.963 presos políticos refleja la magnitud de la represión en el país.
Muchos de estos prisioneros son detenidos sin juicio, sometidos a tortura física y psicológica, no les permiten visitas de sus familiares ni designar a sus abogados y enfrentan condiciones de detención que violan absolutamente todas las normas nacionales e internacionales sobre esta materia.
Los verdugos de Maduro están conscientes que para los niños, que son especialmente vulnerables, la experiencia de ser encarcelados deja secuelas irreparables en su desarrollo físico y emocional.
Ni hablar de aquellos que son torturados y abusados.
En consecuencia, la comunidad nacional e internacional tienen la responsabilidad de actuar ya y no permanecer en silencio ante esta crisis humanitaria.
Los organismos de derechos humanos han hecho reiterados llamados a los gobiernos del mundo y a la Corte Penal Internacional para que condenen y actúen contra estas atrocidades y apliquen castigos ejemplarizantes sobre el régimen de Maduro, que continúa perpetuando estas violaciones sin ningún tipo de rendición de cuentas.
Además, es vital que se implementen programas de apoyo y rehabilitación para los sobrevivientes de estas atrocidades, particularmente los niños, para garantizar que puedan reconstruir sus vidas y sanar de los traumas sufridos.
La educación, la atención psicológica y la reintegración social deben ser prioridades en el proceso de recuperación de estos jóvenes.
La lucha por la liberación de los presos políticos en Venezuela y la protección de los derechos de los niños debe ser una causa unificada que despierte la solidaridad global.
No solo es un problema de Venezuela; es un desafío para la humanidad que nos llama a defender la justicia, la civilidad y los derechos fundamentales de cada individuo.
Es momento de alzar la voz y exigir un cambio, que se respete la voluntad popular expresada nítidamente en las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, porque cada niño y cada individuo merece vivir en un país donde sus derechos sean respetados y protegidos.