Nuestra sociedad padece una tragedia multidimensional. Múltiples males han surgido para agregarse a los históricos que hemos padecido como nación, llegando a niveles jamás vistos no solo por nosotros, sino por los pueblos de este continente. El establecimiento del socialismo del siglo XXI, vale decir el autoritarismo del siglo XXI, ha traído de nuevo a nuestra cotidianidad la existencia de presos políticos, exiliados y muertos por el simple hecho de disentir y oponerse políticamente a un régimen.
Nuestra nación ha sido devastada material, institucional y socialmente. La pobreza ronda por todos los sectores. La familia se ha fracturado con la brutal estampida humanitaria generada por el chavo madurísimo, aventando de nuestra tierra a más de cuatro millones de compatriotas.
En estos días ha tomado de nuevo espacio en la opinión nacional e internacional el drama de los presos políticos. El reclamo permanente de las madres, esposas, hijos y amigos de más de dos mil ciudadanos llevados de forma arbitraria a prisión, sometidos a condiciones infrahumanas de reclusión, privados de los más elementales derechos, nos recordaron épocas que considerábamos superadas.
La rotunda, la SN (seguridad nacional) y Guasina, pensábamos eran temas del pasado, pero la realidad es que ahora, en pleno siglo XXI, el volumen de presos políticos es el más alto de nuestra historia en el último siglo. Nunca habíamos llegado a registrar, en menos de un mes, la captura de más de dos mil seres humanos por el simple hecho de haber ejercido la ciudadanía. En medio siglo no habíamos vuelto a tener una persecución a la disidencia política en los términos y formas que estamos presenciando.
La nueva Rotunda es El Helicoide y la Tumba de Plaza Venezuela. Aún peor que Guasina son las Cárceles de Tocorón y Tocuyito. Verdaderos campos de concentración en pleno siglo XXI, habilitados especialmente para recluir a miles de personas inocentes, con el único objetivo de crear terror en una ciudadanía indignada por el fraude en la elección del 28 de julio y darle fundamento a una narrativa, según la cual, la organización de la sociedad democrática para ese proceso electoral no era cívica y política, sino violenta, forjada no para la defensa y asistencia del voto, sino para tomar el poder por la fuerza.
Solo las enfermas mentes de los personajes de la camarilla madurista podían crear esa narrativa macabra. Narrativa que nadie admitió en nuestra sociedad, ni tampoco en la comunidad internacional. El simple examen de los perfiles humanos de los secuestrados, el intento de aplastamiento a una parte representativa de la estructura política de la oposición, desde el nivel de testigos de mesa, pasando por dirigentes parroquiales, municipales, regionales y nacionales reveló de inmediato que asistíamos a un plan previamente estructurado por el comando del fraude para impedir un despliegue de la sociedad, en el legítimo derecho a exigir respeto por los votos consignados en las urnas de votación el 28 de Julio. Cómo bien lo ha dicho Nicolás Maduro: “candelita que se prenda, candelita que se apaga”, porque su permanencia en el poder debería darse “por las buenas o por las malas.”
Al encarcelamiento de más de dos mil ciudadanos se suma la cacería lanzada contra otros cinco mil dirigentes en todas las regiones del país, muchos de los cuales permanecen resguardados en casas de familiares y/o amigos que los protegen de la red de informantes de la dictadura, constituida por “jefes de calle”, funcionarios públicos y activistas del PSUV. A ello debemos sumar los centenares de dirigentes que han tenido que abandonar el país, ante la brutal arremetida de los organismos policiales y para policiales del régimen.
Hoy América Latina y el mundo occidental ven con horror la arremetida de Maduro y su camarilla contra la sociedad democrática. Todos los organismos de derechos humanos de la comunidad internacional, llamase Naciones Unidas, Unión Europea, OEA, Mercosur, así como Organizaciones No Gubernamentales han denunciado la misma.
Dicha arremetida no solo se manifiesta en los miles de presos políticos, se hizo presente, además, con el asesinato de por lo menos 23 ciudadanos en las protestas luego de perpetrado el fraude. La dictadura en su desesperado esfuerzo por aplastar la protesta lanzó a la calle, desde el mismo 28 de julio por la noche, a sus “colectivos” armados. Los videos de los pistoleros disparando contra los manifestantes rodaron por redes sociales sin que el ministerio público se molestara en abrirles una investigación y ordenar su detención. Por el contrario, desde esa instancia se difundió la narrativa para endilgarle a la oposición la violencia de dichos grupos.
Asesinatos cometidos en la cara de funcionarios del plan república, de ciudadanos congregados frente a centros de votación, están siendo encubiertos por quienes tienen la obligación legal y moral de investigarlos y judicializarlos, para dejarlos impunes y proteger a esos grupos de sicarios. Una muestra de que no exagero con lo anterior es el caso del ciudadano Julio Valerio García, de 40 años, acribillado en todo el frente de la escuela John Kennedy, ubicada en Palmira, Municipio Guásimos del Estado Táchira. (https://www.elnuevosiglo.com.co/internacional/un-muerto-y-varios-heridos-por-tiroteo-centro-de-votacion-en-tachira)
Hasta esta semana la tesis de la cúpula roja era que en “Venezuela no hay presos políticos, hay políticos presos”. Tal afirmación se convirtió en una consigna de los voceros y propagandistas de la dictadura. Pero la protesta ciudadana y la de la comunidad internacional obligó a Maduro a revisar la situación y a iniciar un plan de liberación de esos presos. En efecto el pasado a lunes 11 de noviembre, en su programa de TV, expresó: “Le hago un llamado al doctor Tarek William Saab, fiscal general, le hago un llamado a los jueces del país, como jefe de Estado, si hay algún caso que rectificar y revisar también que haya justicia”. (https://efe.com/mundo/2024-11-12/maduro-jueces-rectificar-si-hubo-errores-detenciones-poselectorales/)
La anterior declaración revela dos elementos fundamentales. El primero la absoluta dependencia a los dictámenes de Miraflores del sistema de justicia, y en segundo lugar la presencia de los negados presos políticos. Acto seguido las dependencias de la fiscalía y tribunales comenzaron a liberar a un grupo de los inocentes ciudadanos encarcelados. Lo grave es que no se les otorga libertad plena. Se les deja judicializados, se les prohíbe, en abierta violación a sus derechos ciudadanos, opinar sobre sus casos y ejercer sus derechos políticos.
Si bien a todos nos ha producido una satisfacción la liberación condicional de estos compatriotas, no podemos bajar la guardia porque aún queda la mayoría en prisión, sometidos a graves privaciones de sus más elementales derechos. Debemos tener presente que estar en las cárceles del madurísimo constituye un riesgo muy elevado a la salud e integridad física y moral de las personas. Estamos ante un régimen político donde se ha hecho norma todo tipo de abuso contra la dignidad de la persona humana. Recordemos el asesinato de Fernando Alban y del Capitán Rafael Acosta Arévalo. También la muerte en prisión, del General Raúl Isaías Baduel el 12 de octubre del 2021, y la más reciente, la de Jesús Manuel Martínez Medina, detenido por haber sido testigo de mesa. El citado ciudadano falleció este 14 de noviembre, por el agravamiento en prisión de un cuadro clínico delicado que no importó para nada a sus verdugos.
El tema de los presos políticos está lejos de resolverse. Ya no podrán seguir diciendo que no los hay. Los hechos son tan protuberantes que no hay forma de ocultarlos. Nuestra lucha por su plena libertad debemos adelantarla en paralelo a la que libramos por el respeto a la soberanía popular expresada en las elecciones del 28 de Julio. La naturaleza autoritaria de Maduro y su entorno no va a desaparecer en estos días, por el contrario, va a agravarse. Estas liberaciones son movimientos tácticos, bien sabemos que los presos son para toda dictadura un resultado de su perversión y de su maldad, en la búsqueda de su permanencia. El fin de la dictadura es la única garantía de eliminar este tipo de tragedia. De modo que, por la plena libertad de todos los presos políticos, por el rescate institucional y material de nuestra Venezuela tenemos el deber de resistir hasta rescatar la plena vigencia del estado de derecho.
Caracas, 18 de noviembre del 2024