El Gobierno argentino exigió este martes a la Corte Penal Internacional (CPI) una atención inmediata a la crisis en Venezuela y aseguró que la misión diplomática de Argentina en Caracas ha enfrentado situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales, mientras, Panamá, como Uruguay, condenaron la demora injustificada en la investigación de la CPI.
En un discurso durante la reunión anual de países miembros de la CPI, el embajador argentino, Mario Javier Agustín Oyarzábal, aseguró que la situación venezolana exige atención inmediata y lamentó profundamente la falta de avances sustantivos en la investigación abierta desde noviembre de 2021 ante el fiscal Karim Khan por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada. Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que estén a la altura de las expectativas de justicia internacional”, señaló.
Además, subrayó que, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó la “victoria” de Nicolás Maduro y desencadenó una oleada de cuestionamientos, las “circunstancias en el país se han deteriorado aún más”, y advirtió de que “la impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional”.
Por otro lado, denunció que la misión diplomática argentina en Caracas “ha enfrentado situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales y actores no armados no identificados en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad se encuentran en peligro en Venezuela”.
“Es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras misiones diplomáticas, y que se otorguen de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura de los asilados. Exhortamos a esta Corte a actuar con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la Justicia”, instó Oyarzábal.
Uruguay alertó de que “están en juego la libertad, la integridad física y hasta la propia vida de cientos de personas” y Panamá expresó su “profundo desacuerdo hacia la demora injustificada en la investigación de los crímenes atroces que se han cometido y continúan cometiéndose en Venezuela”.
El fiscal Karim Khan reprendió este lunes a Venezuela por la falta de “implementación concreta de leyes y prácticas”, y le advirtió de que sus investigaciones “siguen en curso, y están activas”, en una alerta de que “el camino de la complementariedad se está agotando”.
Además, insistió en “la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y de liberar a quienes estén detenidos por motivos políticos, al igual que cualquier persona que haya protestado pacíficamente” y subrayó a Venezuela “la necesidad de ver un impulso y avances reales” porque “la complementariedad no puede ser una historia interminable”.
También instó al chavismo a permitir el acceso de representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, como se había prometido “previamente por escrito”.
Con información de EFE