Salvar al país de la tiranía es el desafío que enfrenta la sociedad de esta hora bajo el liderazgo verdadero de María Corina Machado.
Vivimos la infausta hora de la injusticia, con jueces convertidos en verdugos de los ciudadanos a quienes se deben. El sostenimiento del poder de quienes perpetraron un fraude ideológico, ético, moral y material, era todo un diseño que pasaba por la penuria del rancio sabor del autoritarismo sin instituciones.
La Constitución proclama la alternabilidad con el plus de la pluralidad. Se convirtió rápidamente en una tiranía, en tándem, con medios de comunicación cerrados.
Tan pronto llegó el subversivo al poder en elecciones -por última vez limpias- organizadas por el Consejo Supremo Electoral, se hizo de la Constituyente y creó la Comisión Judicial para acabar con los jueces de carrera y sustituirlos por jueces venales comprometidos con el ecosistema criminal.
El puntillazo no faltó, con la elección de la Asamblea Nacional con mayoría de la oposición en 2015, procedieron, entre gallos y medianoche, los pillos salientes a nombrar a los llamados magistrados exprés, otro fraude más, para seguir garantizando el poder a la tiranía.
Otro desvío de los principios que informan al sistema judicial lo vemos cuando el régimen concede, porque le da la gana, la competencia de investigación a los organismos de inteligencia comprometidos políticamente con él hasta los tuétanos, cuando esa función corresponde al Cicpc.
Adicionalmente, aportamos otro desmán que caracteriza al sistema de justicia impune de esta hora aciaga: los jueces del terror intervienen y toman los gremios, como los colegios de abogados; mediante una sentencia usurpan lo decidido por los asociados y cambian a la directiva limpiamente electa.
Repetimos, vía sentencia cambian la voluntad de la gente, constituyen actos de fuerza a través de un sistema de justicia cooptado.
La usurpación pierde, rotundamente, mediante libre manifestación de la voluntad popular y lo proclaman por vía jurisdiccional con una sentencia insólita de la Sala Electoral. La lógica amañada que desean aplicar se dirige al estamento militar, para que acepte el desaguisado, porque el autócrata afirma que está acatando una sentencia.
Las actuaciones se asemejan más a una corporación criminal que a un modelo de Estado democrático y de justicia, como establece la Constitución. Aplican la violencia institucional. No se dispone de instituciones legítimas para contener al poder.
El objetivo político está abiertamente comprobado: la justicia nos va a sostener, la justicia para ejercer la injusticia. El Estado represivo desplegado acaba con el espacio cívico.
Se nos presenta un momento constituyente, propio de la disolución del Estado. Ningún ente público cumple con su función. Las escuelas no enseñan, los hospitales no prestan el bien de la salud pública. Vendieron los lingotes de oro y petróleo y ese dinero no entró al BCV.
Lo que viene: se fijarán las reglas y se cumplirán con todos los mecanismos de elección.
Donde no hay justicia no hay libertad.
¡Libertad para Javier Tarazona, los policías metropolitanos, los comandos de Vente, Rocío San Miguel, Dignora Hernández, Henry Alviarez, Carlos Julio Rojas, los menores de edad presos, y los hermanos Guevara! ¡No más prisioneros políticos, torturados, asesinados ni exiliados!