Pese a los horrores convertidos en práctica sistemática por el terrorismo de Estado aplicado a los ciudadanos en completa indefensión mediante detenciones arbitrarias e indiscriminadas para provocar pánico en la población, desapariciones forzadas, torturas en prisión, acoso a los familiares para que no denuncien; pese a las dádivas populistas en sectores vulnerables mediante bonos de guerra por ejemplo, para acallar los reclamos por el colapso de la infraestructura y de los sistemas públicos de salud y educación o la insuficiencia de los salarios y pensiones de quienes dependen del supuesto Estado dirigista y discrecional, ninguno de los que desde el poder dominan las instituciones y desgobiernan el país ha logrado apagar el deseo de la gente de cambiar el rumbo para acceder a una democracia plena.
La situación se ha agravado después de la victoria demoledora de Edmundo González Urrutia. La mentira oficial, la calumnia y la descalificación contra el nuevo presidente electo y contra María Corina, la brutal persecución postelectoral, el secuestro de menores de edad sometidos a tratos crueles e inhumanos y a abusos sexuales y violaciones extorsivas a las niñas e incluso a sus madres a cambio de eventuales beneficios procesales constituyen crímenes de lesa humanidad. Se trata de un Estado forajido.
Dirigentes democráticos presos, nuestra lideresa incuestionable María Corina Machado en la clandestinidad. La casa familiar donde vive su mamá en Caracas asediada en forma inclemente por funcionarios de seguridad y paramilitares armados. Otro tanto ocurre en la casa de la embajada argentina en Venezuela bajo protección diplomática del gobierno de Brasil. Militantes del partido Vente, integrantes del equipo de campaña y asesores de María Corina sometidos en la residencia a cortes eléctricos y ahora de agua desde hace varios días, agudizan las carencias deliberadas con el objetivo de que desistan de su refugio. El silencio complaciente de los gobiernos de Brasil y Argentina y sus embajadores es ensordecedor. Estamos ante un régimen autocrático implacable cuyos personeros pretenden aferrarse al poder a cualquier precio y no facilitar la transmisión de mando con una transición pacífica y ordenada para la toma de posesión del nuevo gobierno.
Nos hace falta la democracia, su legitimidad, el respeto a sus principios y mecanismos de contención. Entre estos, los principales no son los procedimientos, que claro que cuentan, sino sobre todo las actitudes y principios éticos. La crisis educativa ha mostrado que educación, conocimiento e instrucción no son sinónimos. La enseñanza fue masiva después de la caída del dictador militar Marcos Pérez Jiménez. Es una condición previa para la democracia. Hubo un proceso extensivo de instrucción escolar en todos los niveles del sistema, desde el maternal preparatorio hasta el universitario superior. Pero si no enfatizamos en formar en valores y principios, si no dejamos huellas en nuestros educandos y transmitimos virtudes cívicas y cualidades éticas que sirvan como modelos y aprendizajes de vida, la sociedad fracasa en la búsqueda de la cohesión social y un proyecto compartido de construcción nacional.
La ruina de la Venezuela actual y la degradación moral de sus dirigentes es, entre otros factores, el resultado de estas carencias, no importa que algunos de sus representantes hayan sido formados en Oxford o MIT gracias a las Becas del Proyecto Gran Mariscal de Ayacucho, si sus aspiraciones se nutrieron del rencor, el revanchismo y la venganza social y no del sentido del logro y la superación y, si querían gobernar, no para saquear el erario público sino construir riqueza, no para servirse del prójimo sino para servir a sus semejantes.
Immanuel Kant, cuyo nacimiento hace 300 años celebramos, nos da varias lecciones de poderosa actualidad. Con su teoría de los imperativos categóricos, aporta un marco ético universalista clave para fortalecer una democracia plena, al fomentar valores fundamentales como justicia, igualdad y dignidad humana. Convencido republicano en el sentido aristotélico, apelaba a las virtudes cívicas para asegurar la democracia entendida como Politeia, Res Publica, “Cosa Pública”. La justicia es la primera gran virtud cívica, tanto distributiva (asignar bienes y responsabilidades de manera equitativa) como correctiva (restaurar el equilibrio cuando se comete un daño o injusticia). Las otras son prudencia, coraje o valentía, templanza, amistad o simpatía, magnanimidad, responsabilidad y compromiso.
El primer imperativo categórico establece: “Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal.” Toda acción política, para ser válida, debe ser universalizable. El segundo imperativo categórico plantea: “Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin, nunca como un medio.”
Por último, para Kant, la ética depende de la autonomía, la capacidad de los individuos para actuar según leyes que ellos mismos se dan racionalmente. En el contexto democrático, la tercera formulación del imperativo categórico significa imaginar una sociedad ideal donde cada individuo actúa como si fuera un legislador moral, estableciendo normas que respeten la dignidad de todos. Las acciones deben estar alineadas con el bienestar común. Una ciudadanía activa, informada y solidaria, al proteger los valores democráticos, también asegura que los sistemas autocráticos no encuentren terreno fértil para imponerse.