La minería ilegal de oro ha dividido a los indígenas de la Tierra Munduruku, en la Amazonía brasileña. Para algunos caciques es una forma de supervivencia; para otros, una sentencia de muerte al ver cómo los ríos y los peces se envenenan con mercurio.
Cleudimar Kirixi Munduruku, uno de los líderes de la aldea de Jacaré Velho, es de los que prefieren mantener la selva en pie, una postura no compartida por todos en este territorio ancestral de tamaño similar a Macedonia del Norte situado en el estado de Pará.
“Allí no soy bienvenido”, dice a EFE mientras navega en lancha rápida por el río Tapajós a la altura de una de las comunidades que apoya la explotación minera.
Cleudimar vive con su familia en una casa de madera a orillas del río. Sin acceso a agua potable, la supervivencia de la veintena de familias que habitan en Jacaré Velho depende de lo que cultivan y pescan. Pero la aparente tranquilidad de esta aldea oculta una realidad compleja.
Oro o harina de mandioca
Río arriba una empresa maderera amenaza su territorio, protegido por ley desde 2004, y los afluentes del Tapajós se tiñen de ocre por la actividad minera que han abrazado algunos de sus “parientes mundurukus” en aldeas como Boca do Rio das Tropas o PB, según Cleudimar.
La aldea Kaba Biorebu es una de las que vivió en el pasado cómo se buscaba oro en sus dominios. El cacique Jonatas Munduruku lo vivió en primera persona.
Hoy, esta comunidad se dedica a la comercialización de harina de mandioca, aunque Jonatas entiende a los que eligen el oro y la casiterita. Las oportunidades no abundan por estos lares.
“Hay una parte (de los mundurukus) que quiere” y “es por necesidad. Hay gente que no tiene empleo y va a la minería”, expone.
Cuenta que los mineros clandestinos les ofrecieron el 10 % de los beneficios por dejarlos operar en la aldea. Pero para Jonatas “donde hay garimpo (minería ilegal) surgen los problemas”.
Y es que la minería en Pará es algo casi cultural. Jacareacanga, la ciudad más próxima a la Tierra Munduruku, es un ejemplo de ello.
Abundan las tiendas de ‘Compro Oro’, pero, a pesar de su intensa actividad minera, la ciudad tiene uno de los índices de desarrollo humano más bajos de Brasil, según datos oficiales. En sus calles no hay rastro de la riqueza que la minería promete.
El oro también envenena la política. El vicealcalde de Jacareacanga, Valmar Kaba Munduruku, fue condenado en 2021 a cuatro años de prisión en régimen semiabierto por liderar “protestas violentas” contra una operación destinada a frenar la minería ilegal.
Valmar fue reelegido para el cargo en las municipales de octubre. Cleudimar se presentó como candidato a concejal con un discurso ecologista y fracasó.
Misión: expulsar a los garimpeiros
En este contexto conflictivo, el Gobierno brasileño ha lanzado una gran operación para expulsar a los ‘garimpeiros’ (mineros ilegales) de la región, pese al rechazo de una parte de la población local.
El operativo, que comenzó el 9 de noviembre, cuenta con la participación de 20 órganos federales y ha permitido la destrucción de maquinaria y campamentos clandestinos a partir de 333 intervenciones, aunque sin detenidos por el momento.
“No hay un plazo definitivo para terminar”, subraya a EFE el coordinador general de la operación, Nilson Tubino, quien reconoce estar “preocupado” por la cantidad de ilícitos que están encontrando.
El nivel de sofisticación de la minería ilegal es cada vez mayor. Ya no se hace con batea. Hoy usan antenas Starlink, la red de satélites de Elon Musk, retroexcavadoras y mercurio para separar el oro.
Ese mercurio, además del enorme impacto ambiental, ingresa en la cadena trófica por medio de los peces y acaba en la sangre de los indígenas. Las consecuencias son graves: trastornos neurológicos, dificultad motora, daños orgánicos… sobre todo en bebés.
“Tenemos que buscar alguna forma de tratar esa enfermedad que está dentro de nosotros”, demanda João Kaba, coordinador de la Asociación Indígena de Pusuru y uno de los líderes de Kaba Biorebu.
Sin embargo, Rosane Kaba, profesora de la aldea, cree que para acabar con la minería ilegal hace falta algo más que policías, hace falta un proyecto de negocio sostenible a largo plazo.
Ella apuesta por los créditos de carbono, es decir, remunerar a los indígenas por conservar la selva.
“Quien está en la minería es porque no hay empleo en la aldea o en la ciudad”, afirma.
EFE