Con un año de retraso y después de superar una seguidilla de obstáculos, este domingo 7,3 millones de bolivianos acuden a las urnas para renovar a los jueces de las altas cortes, una elección inusual en el mundo.
Es la tercera vez que la nación andina participa en esta elección, que fue incluida en la Constitución Política del Estado de 2009 y cuya primera votación se realizó en 2011. En ese proceso electoral, y en el que siguió en 2017, la votación tuvo una predominancia de los votos nulos y blancos, lo que algunos expertos interpretan como una falta de conocimiento sobre los candidatos, los cargos electos y el rol de las instituciones.
En la votación se renovará -parcialmente- a los jueces que integran los tribunales Supremo, Constitucional, Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, una sentencia declaró “desierta” la convocatoria en cinco de nueve regiones por lo que siete jueces no serán relevados (cinco del Constitucional y dos del Judicial).
A diferencia de las dos experiencias anteriores, esta votación suscita mayor interés en la clase política porque el retraso de un año provocó la prórroga de mandato de los jueces anteriores, lo que generó polémica por la legitimidad de sus resoluciones. Adicionalmente, los jueces “auto prorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional firmaron fallos controversiales que beneficiaron al Gobierno, como limitar las facultades de la Asamblea Legislativa o sacar del escenario político institucional a Evo Morales, a quien le vetaron la posibilidad de ser candidato y lo desplazaron de la cúpula del partido oficialista.
Saavedra recuerda que en las anteriores elecciones la oposición pidió votar nulo o blanco, en rechazo a un método de elección que consideran fallido. “En las anteriores elecciones pidieron votar nulo y perdieron un espacio de poder. Entonces ahora han dicho ‘estas son las reglas y hay que entrar a jugar al barro’”, argumenta el analista.