Desde el pasado jueves, 26 de diciembre, en la vereda Ortega, en Cajibío, Cauca, se han registrado fuertes combates entre los integrantes del Ejército Nacional y la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc que delinquen esta zona del país.
Según la denuncia que realizan las comunidades, son más de 72 horas de enfrentamientos en los que este grupo armado ha atacado con drones cargados con explosivos y otras armas sofisticadas a la fuerza pública, logrando asesinar a un soldado y dejando a otro gravemente herido.
Este sábado, 28 de diciembre, desde la Fundación Víctimas Recuperando Memorias y Construyendo Caminos por Colombia (Virmec) emitió un comunicado dirigido a la opinión pública nacional e internacional, denunciando los hechos de violencia que se han venido registrando y que ha hecho que por lo menos 800 familias hayan tenido que abandonar forzadamente sus territorios.
Al mismo tiempo, rechazaron las afirmaciones que realizaron desde la Alcaldía de Cajibío en las que aseguraron que había presencia de grupos de autodefensas integradas por campesinos.
“Rechazamos las declaraciones de la Alcaldesa de Cajibío, quien de manera irresponsable argumentan la presencia de grupos de autodefensas campesinas en la región, exponiendo a la comunidad campesina a verse afectada por esta lucha armada. Los campesinos son trabajadores del campo y víctimas de un conflicto de hace 23 años que les robo la paz, la tranquilidad, la familia y su plan de vida, estas afirmaciones REVICTIMIZAN a la población”, sostuvieron.
El documento señala que, a pesar de la gravedad de la situación, “la comunidad ha sufrido 96 horas de abandono institucional”, destacando la falta de respuesta por parte de autoridades locales y nacionales, quienes se encontraron en período de vacaciones. Este abandono, aseguran, contribuyó al incremento de la zozobra y al impacto emocional en la población.
Entre las exigencias plasmadas desde esta fundación, piden el cese inmediato de las acciones militares contra la población civil por parte de los grupos armados ilegales, la garantía de protección por parte del Gobierno nacional y el cumplimiento de los protocolos acordados en las mesas de negociación. Además, hicieron un llamado a las entidades defensoras de derechos humanos a actuar con celeridad para atender las denuncias de la comunidad.
El comunicado concluye con una invitación a las instituciones nacionales e internacionales a priorizar la vida de los seres humanos en la región y brindar un apoyo oportuno frente a esta emergencia humanitaria que hoy están viviendo los habitantes del Cauca.
La situación de orden público en el Cauca sigue siendo compleja por los combates que tienen las Fuerzas Militares con este grupo armado ilegal.