La administración de Nicolás Maduro decidió prorrogar la inamovilidad laboral para los trabajadores de los sectores públicos y privados. Este decreto, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.868, estará vigente desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026.
Por lapatilla.com
El ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, hizo pública esta medida a través de las redes sociales, afirmando que su objetivo es “proteger el derecho al trabajo como proceso fundamental para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz”. Sin embargo, muchos críticos ven en esta decisión un intento más de controlar a la clase trabajadora y acallar cualquier disidencia.
El decreto establece que los trabajadores amparados no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados sin una “justa causa” avalada por el Inspector del Trabajo. Si se produce un despido injustificado, los empleados tienen un plazo de 30 días para denunciar y reclamar su reenganche, así como el pago de salarios caídos.
La inamovilidad laboral fue implantada inicialmente en marzo de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, como parte de un paquete de medidas que, bajo el pretexto de proteger a los trabajadores, ha sido utilizada para consolidar el control del régimen sobre el sector laboral. Desde entonces, se han decretado 29 inamovilidades laborales, en contraste con solo tres decretos similares entre 1974 y 2000.
Los detractores de esta política argumentan que, aunque la inamovilidad laboral busca proteger a los trabajadores en un contexto de crisis económica, ha generado costos significativos para las empresas y ha sido frecuentemente vulnerada en la práctica. La medida se ha convertido en un arma de doble filo, que, lejos de asegurar la estabilidad laboral, podría estar contribuyendo a un ambiente de incertidumbre y desconfianza en el sector empresarial.