El 10 de enero, la Asamblea Nacional, sin que el CNE haya publicado los resultados electorales como obliga la Ley, se dispone a juramentar a Nicolás Maduro como presidente reelecto. Sin base legal y mucho menos legitimidad, recurre a mantener a miles de personas en las calles, no solo con extranjeros, sino con funcionarios y personas que reciben beneficios de dineros estatales, para que sirvan como escudo humano. El régimen busca contener la reacción popular que el 28 de julio, según las actas electorales, le dio el triunfo al opositor Edmundo González Urrutia.
Por Sebastiana Barráez | Infobae
Varios jefes policiales fueron trasladados desde el interior del país hacia Caracas para ubicarlos en sitios estratégicos donde se prevé que estarán a cargo de grupos de choque y un centenar de personas trasladadas en autobuses para acampar en la capital durante tres días.
Una de esas funcionarias es Yulia Teresa Mendoza Luna, quien era la jefa de la comunidad en el sector San Martín, Rubio, municipio Junín, estado Táchira, quien es inspectora y abogada. Con un breve mensaje se despidió de los vecinos destacando que “fue muy agradable haber trabajado para ustedes”.
“De igual manera quería informarle que ya el día de hoy fue entregada la bombona a la señora de la calle Colombia, sin novedad; espero que pasen un feliz año nuevo y cuenten conmigo para lo que sea se despide de ustedes está humilde servidora”, dijo al ser enviada a la zona de La Carlota, donde se encuentra el aeropuerto e instalación de la Aviación.
Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la alta cúpula del poder, han usado como excusa que concentrarán a más de ocho mil campesinos y pescadores que acamparán en Caracas, desde el 8 de enero, de manera que el 10 de enero llenen las 10 avenidas que Nicolás Maduro prometió.
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