El 31 de diciembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 105/2024, mediante la cual otorgó medidas cautelares en beneficio de Jesús Alexander Armas Monasterios. La CIDH consideró que Armas se encuentra en una situación de “gravedad y urgencia”, ya que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela.
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Armas, exconcejal de Caracas entre 2013 y 2018, activista político y defensor, fue detenido por fuerzas de seguridad venezolanas el 10 de diciembre de 2024. Según los informes, la noche de su detención, seis hombres encapuchados y armados lo obligaron a abordar una camioneta sin placas. Hasta la fecha, no hay información oficial sobre las condiciones de su detención ni su estado de salud. Además, se ha señalado que Armas padece problemas de salud que requieren tratamiento médico permanente.
Tras su arresto, familiares y representantes legales intentaron localizarlo en los centros de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde las autoridades negaron reiteradamente su presencia. Sus familiares presentaron una denuncia por desaparición ante la Fiscalía General de la República y una queja ante la Defensoría del Pueblo, sin recibir respuesta ni constancia del inicio de una investigación. También intentaron presentar un recurso de Habeas Corpus, pero este fue rechazado debido a la falta de autorización.
El 12 de diciembre, el Ministerio del Interior y Justicia de Venezuela informó que Armas fue arrestado por presunta participación en disturbios. Posteriormente, se supo que estaba detenido en Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), donde habría sido sometido a torturas, incluyendo asfixia mecánica. A pesar de que el 19 de diciembre se informó que había sido trasladado al SEBIN, continuó incomunicado.
Ante esta situación, la CIDH solicitó a Venezuela que adopte medidas para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Armas. En particular, la Comisión exige que se informe oficialmente sobre su paradero y las circunstancias de su detención; se aseguren condiciones compatibles con los estándares internacionales; se garantice contacto regular con sus familiares y abogados; se realice una valoración médica sobre su salud; y se investiguen los hechos que llevaron a esta resolución.
La medida cautelar otorgada por la CIDH no implica un prejuzgamiento sobre una posible violación a los derechos humanos en el caso. La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), encargado de promover y defender los derechos humanos en la región, actuando como consultor en estos temas.
La situación de Jesús Alexander Armas pone nuevamente en evidencia las preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos en Venezuela y el contexto represivo que enfrentan muchos opositores al régimen actual.