Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) han amenazado con detener a las madres y familiares que exigen la libertad de sus seres queridos, quienes están presos políticos detenidos arbitrariamente y sometidos a torturas. La advertencia se realizó este viernes 3 de enero en la Plaza Parque Carabobo, frente a la sede del Ministerio Público en Caracas, donde un grupo de madres y familiares se reunió para presentar denuncias y obtener información sobre sus seres queridos.
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Los funcionarios informaron que tienen órdenes de disolver cualquier concentración de personas frente a las instalaciones de esta institución o de cualquier otra del Estado, advirtiendo que detendrán a quienes participen y las acusarán de terrorismo y conspiración. “Funcionarios policiales amenazan con detener a las madres y familiares que exigen la libertad de sus seres queridos”, denunciaron desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos a través de su cuenta en X.
Este nuevo atropello constituye una violación flagrante del derecho constitucional a la reunión pacífica, consagrado en el Artículo 53 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece: “Toda persona tiene el derecho de reunirse, pública o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas”.
Además, se infringen los artículos 52, relativo a la libre asociación, y 57, referente a la libertad de expresión.La situación es aún más grave al violar los artículos 13, 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los artículos 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales firmados por Venezuela. Las madres, familiares y ciudadanos tienen el legítimo derecho de protestar y exigir a las instituciones del Estado el respeto por los derechos humanos y la liberación de todos los presos políticos.
“Estas medidas de represión no solo siguen vulnerando derechos fundamentales, sino que buscan silenciar las justas demandas de quienes claman por justicia y libertad en Venezuela”, enfatizó el Comité.
El llamado es claro: “Exigimos al Estado venezolano cesar de inmediato estas prácticas represivas y garantizar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. La protesta pacífica no puede ser criminalizada”. Este contexto refleja una creciente preocupación por el estado de los derechos humanos en Venezuela, donde las familias continúan enfrentando un clima de miedo y represión mientras luchan por la libertad de sus seres queridos.