Daniel Cole (REUTERS)
A los cubanos, haitianos y nicaragüenses que residen en Estados Unidos legalmente gracias al parole humanitario, o permiso de libertad condicional, se les agotan las opciones para evitar una deportación. En enero se cumplen dos años desde que el Gobierno de Joe Biden amplió para ellos el programa, cuya duración es de 24 meses, por lo que aquellos que no hayan regularizado su residencia por otro método, perderán su derecho de permanecer legalmente en el país. Si el riesgo de ser deportados ya existía por la imposibilidad de renovar el permiso con la actual Administración Biden, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, con su promesa de realizar la mayor deportación de la historia, aumenta la posibilidad de que sean expulsados.
Por El País
“Son un blanco fácil para las deportaciones masivas de Trump, porque a diferencia de las personas indocumentadas de largo plazo, las que viven en la sombra, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sabe sus direcciones recientes, sabe quiénes son”, por lo que es más fácil localizarlos y expulsarlos, explica Kathleen Bush-Joseph, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI).
En octubre de 2022, el presidente Biden amplió el programa, que inicialmente se creó para recibir a los ucranios que huían de la guerra desencadenada con la invasión de Rusia, a los venezolanos. En enero de 2023, se añadieron nicaragüenses, haitianos y cubanos. Según los datos más recientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de diciembre, 531.670 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente bajo el programa hasta finales de noviembre. De ellos, 110.240 eran cubanos; 211.040, haitianos; 93.080, nicaragüenses, y 117.320, venezolanos.
La crisis política, económica y social de estos países abocó a gran parte de su población a huir hacia Estados Unidos, causando una llegada masiva de migrantes. La Administración Biden aprobó la ampliación del programa para proporcionar una vía legal de entrada y evitar un flujo masivo de indocumentados. El informe de la CBP recoge que “desde que el Departamento de Seguridad Nacional implementó estos procesos seguros, ordenados y legales, los encuentros de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela entre los puertos de entrada han disminuido un 98%”.
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