Nicolás Maduro aumentó los arrestos de disidentes en los meses previos a su juramentación para un tercer mandato y despliega un operativo militar y policial sin precedentes en Caracas, de acuerdo con expertos y organismos internacionales.
La inauguración del tercer mandato presidencial de Nicolás Maduro está precedida por un despliegue de fuerzas de seguridad sin precedentes en Caracas, capital y sede del poder político en Venezuela, y por una nueva oleada de represión de dirigentes y activistas de la oposición, según expertos y reportes de dos organismos internacionales sobre derechos humanos.
Maduro, de 62 años y presidente desde 2013, prevé ratificar este viernes su juramento como jefe de Estado por los próximos seis años, a pesar de que sus opositores y un grupo de países, entre ellos Estados Unidos, consideran que perdió la elección de julio.
Además, iniciará un nuevo período presidencial en medio de múltiples denuncias sobre violaciones graves a los derechos humanos y políticos de la población y la disidencia, no sólo por parte de expertos en la materia, sino de organismos internacionales.
Este martes, la Comisión de Derechos Humanos publicó un informe sobre Venezuela donde concluye que el gobierno de Nicolás Maduro practicó “terrorismo de Estado” y “una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder”.
La Comisión, organismo fundamental del sistema interamericano de derechos humanos, aseguró que el gobierno venezolano “implementó una estrategia destinada a manipular los resultados” para proclamar ganador a Maduro “sin ninguna transparencia”.
El chavismo activó “una represión sistemática, incrementando el terror como herramienta de control social”, que incluyó 25 asesinatos, unas 2.000 detenciones arbitrarias, decenas de desapariciones forzadas breves, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y “graves violaciones” a garantías judiciales y la liberta de expresión, apunta el reporte de la CIDH.
El oficialismo buscó “sembrar terror” en la ciudadanía, señaló.
En Venezuela, se evidenció “un pico represivo” y un “clima de terror” auspiciado por funcionarios del gobierno de Maduro y “la participación, aquiescencia y tolerancia de las instituciones” creadas para resguardar la democracia y los DDHH, concluye la CIDH.
Los gobiernos del chavismo han rechazado los informes y denuncias sobre las graves violaciones a los derechos humanos en el país, calificándolos como “panfletos”.
El ejecutivo de Maduro manifestó hace ocho años su voluntad de desvincularse completamente del sistema interamericano de DDHH. Si bien también había denunciado la Convención Americana en 2012, expertos y la misma CIDH han asegurado que esos pasos no afectan la competencia ese organismo para conocer asuntos sobre Venezuela.
Despliegue de fuerza inédito
El informe de la CIDH se publica en las vísperas de la nueva toma presidencial de Maduro y en momentos cuando la presencia de uniformados de las fuerzas del Estado se cuenta por miles en Caracas. Según partidos críticos del chavismo, como el Movimiento Al Socialismo, es un despliegue de seguridad “inédito” en un clima de “tensión y amenazas”.
El viernes pasado, a una semana de la juramentación de Maduro, la Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas denunció que “cada día” se detiene a nuevas personas por razones políticas, mientras “cientos permanecen en prisión en condiciones degradantes”, sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.