A pocas horas de la fecha establecida para la juramentación presidencial en Venezuela, el país enfrenta una de sus crisis institucionales más graves.
Por: lapatilla.com
Nicolás Maduro pretende tomar posesión del cargo de Presidente de la República este 10 de enero de 2025, sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya publicado los resultados desglosados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024.
El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), profesor Juan Carlos Apitz, ha emitido una contundente declaración en la que recalca la ilegalidad de este acto. Según Apitz, “quien no ha demostrado que ganó no puede juramentarse”, basándose en los principios establecidos en la Constitución y en la Ley de Procesos Electorales.
Irregularidades en los resultados
De acuerdo con el segundo y último boletín del CNE, emitido el 2 de agosto de 2024, se escrutaron 20 millones 654 mil 431 votos, equivalentes al 96.87% del padrón electoral. Sin embargo, no se ha realizado el Acto de Totalización de todas las actas de escrutinio, ni se ha publicado el “Boletín Final de Totalización” ni los documentos complementarios que exige la Ley.
Por su parte, los testigos de mesa de la oposición lograron recuperar el 85% de las actas electorales, las cuales confirman que Edmundo González obtuvo más de siete millones de votos frente a los tres millones adjudicados a Nicolás Maduro. Estos datos dejan en evidencia un posible fraude y generan aún más interrogantes sobre la falta de transparencia del proceso.
Obligaciones legales incumplidas
Según los artículos 144 y 155 de la Ley de Procesos Electorales, el CNE tiene el deber de totalizar y publicar los resultados de todas las mesas electorales en un plazo no mayor a 30 días después de la proclamación de los candidatos electos. Esto incluye la publicación de los resultados desglosados en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Al no cumplir con estas obligaciones, cualquier acto de juramentación carecería de validez legal.
Asimismo, el artículo 231 de la Constitución establece que solo el candidato electo puede tomar posesión del cargo. Sin la debida totalización y proclamación, no es posible determinar de forma legítima quién ganó las elecciones.
Consecuencias de una juramentación ilegítima
El profesor Apitz enfatizó que si la Asamblea Nacional juramenta a Nicolás Maduro sin que se hayan aclarado los resultados electorales, estará actuando en abierta violación de la Constitución y las leyes. Esto no solo comprometería aún más la institucionalidad del país, sino que fortalecería el aislamiento internacional de Venezuela.
Exigencia de transparencia y rendición de cuentas
Ante este escenario, es imperativo que el CNE cumpla con su deber constitucional y publique los resultados completos y desglosados de las elecciones del 28 de julio. Sin esta información, cualquier acto de toma de posesión sería una farsa política que atenta contra los derechos de los venezolanos y la legitimidad del sistema democrático.
La sociedad civil, las fuerzas democráticas y la comunidad internacional deben alzar su voz para exigir transparencia. El futuro de Venezuela depende de que se respete la voluntad popular y se garantice un proceso electoral limpio y verificable.
