La tranquilidad de más de medio millón de venezolanos en Estados Unidos se tambalea tras la revocación de la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) anunciada recientemente por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, una medida que prometía seguridad, estabilidad laboral y evitar ser deportado hasta 2026. Lo que parecía un salvavidas se convierte en una cuerda floja, y ahora todos quieren saber qué sigue.
Jesús Reyes, un experimentado abogado de inmigración, conversó con La Patilla para aclarar inquietudes en medio de este panorama incierto bajo nuevas exigencias. Explicó el futuro inmediato para los beneficiarios del TPS, las rutas alternativas y los desafíos legales. ¿Habrá una luz al final del túnel para estos inmigrantes, o es momento de prepararse para un regreso forzado a una Venezuela aún en crisis?
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“Hoy, retiramos la ridícula orden de la Administración Biden que permitía a inmigrantes ilegales no investigados de Venezuela, incluidos miembros de la pandilla Tren De Aragua, permanecer en nuestro país y violar nuestras leyes”, así lo afirmó el Departamento de Seguridad Nacional en su cuenta de X tras la entrevista de Noem con Fox News, donde criminalizó a los venezolanos y los acusó de pretender aprovecharse de la extensión para cometer actos ilegales por otros 18 meses.
Esa rotunda decisión provocó una ola de interrogantes sobre las implicaciones legales y personales para los venezolanos afectados que han luchado con la esperanza de construir una vida en Estados Unidos.
Conforme a lo anteriormente expuesto, el abogado Jesús Reyes detalló que “la revocación de la extensión del TPS significa que la administración actual podría estar reconsiderando la continuidad del programa”. Sin embargo, aclaró que esta acción no implica necesariamente el fin inmediato del programa de protección, ya que aún pueden existir procesos administrativos y legales antes de una resolución final.
Para los venezolanos que actualmente disfrutan de este estatus el impacto es claro, pero temporal. “Los beneficiarios actuales conservarán su estatus y permisos de trabajo hasta la fecha de expiración establecida”, explicó Reyes. Aunque advirtió que, sin una nueva extensión, estos individuos podrían enfrentar la pérdida de su autorización de empleo y una posible deportación.
Por su parte, el Registro Federal señala que el TPS de los venezolanos que obtuvieron el beneficio desde el 2021, continuará vigente hasta el 10 de septiembre de 2025. En cuanto a los que aplicaron al TPS en octubre del 2023, mantendrán el beneficio hasta el 2 de abril del año en curso.
Tomar acción pronto
Reyes aconsejó a los afectados que se mantengan informados y proactivos. “Es fundamental mantenerse informado, renovar el TPS si aún es posible, y consultar con un abogado de inmigración para explorar opciones alternativas de regularización”. Entre las alternativas legales inmediatas, mencionó el ajuste de estatus por petición familiar, asilo o visas de empleo.
Así mismo, no descartó otras vías de protección para los venezolanos. “Algunos podrían calificar para el Parole Humanitario, la visa de inversionista, el Estatus de Protección Diferida (DED, si se reactiva), o incluso mecanismos de cancelación de deportación si cumplen con los requisitos”, apuntó, al dejar claro que, aunque el panorama es complicado, no es del todo sin esperanza.
El letrado compartió que aquellos con un TPS que está a punto de expirar no deberían esperar hasta el último momento. Lo fundamental es que busquen asesoría legal inmediata para explorar opciones de legalización. “También es recomendable reunir y organizar documentos que puedan ser útiles en futuras solicitudes migratorias”.
La preparación ante este cambio es clave. Por esta razón, Reyes instó a los venezolanos a preparar un plan de acción con un abogado de inmigración, ante la posibilidad de que el TPS no sea renovado.
Protección en riesgo
La incertidumbre también abre la puerta a desafíos legales. “Es muy probable que haya demandas y litigios para impugnar la revocación”, aseguró Reyes, al recordar que en administraciones anteriores se han visto casos similares. Las probabilidades de que esto ocurra dependerá de muchos factores, incluyendo la estrategia legal y el apoyo político.
En tal sentido, explicó el rol del Congreso de Estados Unidos en este escenario y si es posible su intervención para mitigar la revocación. “Tiene la autoridad para aprobar una ley que brinde una solución permanente a los beneficiarios del TPS, como un camino a la residencia. Existen propuestas legislativas en curso, pero la falta de consenso político hace incierta su aprobación en el corto plazo”.
Sobre el futuro de la política de inmigración hacia los venezolanos, el abogado mantuvo una perspectiva cautelosa. “La administración ha demostrado posturas mixtas sobre inmigración”, indicó. La presión social y política podría empujar hacia soluciones temporales o extensiones, pero Reyes enfatizó que la protección a largo plazo dependería de cambios legislativos o de decisiones judiciales.