Los incendios forestales que azotaron el área de Los Ángeles en enero dejaron al menos 29 muertos y destruyeron miles de viviendas, poniendo en evidencia deficiencias significativas en los sistemas de alerta y evacuación, especialmente para las personas más vulnerables. Según NBC News, las víctimas incluyeron a numerosos adultos mayores y personas con discapacidades, quienes enfrentaron obstáculos insuperables para escapar de las llamas debido a la falta de asistencia o a la llegada tardía de las órdenes de evacuación.
El fuego, impulsado por condiciones extremas de sequía y vientos de hasta 96 kilómetros por hora (60 millas por hora), comenzó el 7 de enero en dos puntos distintos: Pacific Palisades y Eaton Canyon, separados por unos 48 kilómetros (30 millas). Las autoridades enfrentaron dificultades para contener las llamas debido a la rápida propagación del fuego, lo que agravó la crisis en comunidades donde los sistemas de respuesta no estaban preparados para actuar con la rapidez necesaria.
Entre las tragedias más impactantes se encuentra la de Anthony Mitchell, de 68 años, y su hijo Justin, de 38, quienes quedaron atrapados en su casa en Altadena, California. Ambos tenían discapacidades que limitaban su movilidad y, aunque solicitaron ayuda a los servicios de emergencia, esta nunca llegó. Fallecieron antes de poder ser rescatados, un desenlace que refleja las fallas críticas en la gestión de emergencias para poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Retrasos en las alertas y falta de preparación
El incendio en Eaton Canyon resultó ser uno de los más letales. A pesar de que las primeras alertas de emergencia se emitieron a las 18:18 del 7 de enero, las órdenes de evacuación para la parte occidental de Altadena, donde vivían los Mitchell, no se enviaron hasta las 3:25 de la madrugada del día siguiente. Para ese momento, el fuego ya había alcanzado numerosas viviendas, dificultando tanto la evacuación como las labores de rescate.
De acuerdo con NBC News, 17 de las 29 víctimas mortales residían en esta zona de Altadena. Nueve de ellas eran personas mayores de entre 71 y 95 años, y al menos tres, incluidos los Mitchell, tenían discapacidades físicas. Estas cifras ponen de manifiesto la necesidad urgente de sistemas de respuesta más eficaces, especialmente diseñados para atender a quienes no pueden valerse por sí mismos en situaciones de emergencia