La activista venezolana de derechos humanos Rocío San Miguel cumple el domingo un año en prisión a espera de un juicio por “terrorismo” y “traición a la patria”, que debe comenzar esta semana sin sus abogados.
Las autoridades chavistas vinculan a San Miguel, experta en temas militares y directora de la ONG Control Ciudadano, a un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro, lo que su defensa niega.
Solo puede recibir visitas de su hija y está a la espera de una cirugía para una fractura de hombro. Su defensa está a cargo de un defensor público, impuesto ante la negativa para que nombrara a abogados de su confianza.
Esto se sabe del caso San Miguel a 12 meses de su captura.
El arresto
San Miguel, de 58 años y de nacionalidad venezolana y española, fue detenida el 9 de febrero de 2024 a las 05H00 locales (9H00 GMT) en el área de migración del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.
Al momento de su detención se encontraba con su hija Miranda Díaz, de 25 años, quien fue también brevemente detenida y hoy tiene libertad condicional.
La fiscalía chavista la vincula con la “Operación Brazalete Blanco”, un presunto complot para atacar una base militar en Táchira y posteriormente a Maduro.
Su expareja, un militar retirado, también fue acusado de estar vinculado en esta supuesta conspiración.
Está recluida en El Helicoide, temida cárcel del servicio de inteligencia que organizaciones de derechos humanos califican como “centro de torturas”.
El juicio
El juicio está previsto para comenzar el martes, aunque esta primera audiencia ya fue pospuesta en diciembre.
El tribunal argumentó que San Miguel no fue trasladada hasta la sede de los tribunales, causa frecuente en el retraso procesal de juicios contra opositores.
San Miguel, también abogada, ha insistido en nombrar su propia defensa, pero hasta ahora su representación recae en la defensoría pública, señalada por expertos de servir a la fiscalía chavista.
Juan González Taguaruco espera juramentarse como su abogado en la próxima audiencia, acceder al expediente y “apoyarla de ahí en adelante en lo que sea posible”, según dijo a la AFP.
Además de “traición” y “terrorismo”, precisó el defensor, se le imputan los cargos de “conspiración”, “asociación para delinquir y del homicidio tentado en perjuicio” de Maduro y Freddy Bernal, gobernador chavista de Táchira.
Maduro, que suele denunciar planes para derrocarlo, ya la había acusado en 2014 de estar involucrada en “un alzamiento militar”.
Además de su hija, otros tres familiares de San Miguel fueron detenidos y luego excarcelados bajo medidas cautelares.
La visita
Fotografías de San Miguel recibiendo atención médica circularon en diciembre: lleva una camiseta verde y en una sostiene un cartel impreso con la fecha, en otra le toman la presión arterial.
Cumplía en ese momento cuatro meses con una fractura que requiere una cirugía y hasta ahora no se ha realizado.
“Recibe analgésicos solamente y está muy limitada para vestirse, para asearse, para comer”, explicó Taguaruco, que adelantó que la defensora pública se comprometió a pedir su excarcelación para que sea sometida al procedimiento.
“Es envidiable el temple que ha tenido para soportar todo lo que ha venido ocurriendo”, añadió.
Los medicamentos los lleva su hija junto con comida cada vez que la visita: entre una y dos veces por semanas por hasta tres horas.
La detención de San Miguel fue cinco meses antes de las presidenciales y los más de 2.400 arrestos que siguieron a protestas que estallaron contra la cuestionada reelección de Maduro.
Venezuela suma más de 18.000 detenciones por temas políticos desde 2014, según la ONG Foro Penal, que en la actualidad reporta 1.196 personas aún tras las rejas.
Con información de AFP