El pasado 3 de febrero, la administración de Donald Trump oficializó la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350.000 venezolanos. Una decisión que no solo los deja expuestos a la deportación, sino que convierte a los más vulnerables en potenciales víctimas del crimen organizado.
Por Insight Crime
El TPS fue creado en 1990 por el Congreso de EE. UU. y otorga una protección contra la deportación y permiso de trabajo a ciudadanos de países afectados por conflictos, desastres u otras condiciones extraordinarias. Venezuela fue incluida en 2021 debido a su crisis política y económica, lo que benefició a unos 600.000 venezolanos.
La revocación no entrará en vigencia hasta el próximo 7 de abril, por lo que los afectados tendrán varias semanas para salir del país de manera voluntaria o solicitar otra forma de protección migratoria, como el asilo. Por su parte, el grupo de venezolanos que obtuvieron el TPS en 2021 seguirán beneficiándose del mismo hasta septiembre de 2025, gracias a la extensión de 18 meses otorgada en marzo de 2024.
¿Qué implicaciones criminales trae esta decisión del gobierno estadounidense?
1. Uso del Tren de Aragua como herramienta de criminalización
La revocación del TPS para los venezolanos ocurre en un contexto en el que la administración Trump ha impulsado la narrativa de que el Tren de Aragua, una banda criminal originaria de Venezuela, representa una amenaza para la seguridad en Estados Unidos, a pesar de que no hay evidencia suficiente sobre su presencia y alcance en el país.
Durante la administración de Joe Biden, surgieron informes sobre presuntas actividades del Tren de Aragua en al menos 10 estados. Sin embargo, las autoridades no proporcionaron detalles concretos sobre los métodos utilizados para identificar a los presuntos miembros.
Al fin de su campaña, Donald Trump empezó a hacer constantes referencias al Tren de Aragua, una estrategia que no es nueva. En su primer gobierno, el grupo central de su discurso fue la Mara Salvatrucha (MS-13), pandilla formada por migrantes salvadoreños que surgió en la década de 1980, principalmente en Los Ángeles, California.
Tras su regreso al poder, Trump ordenó a su gabinete investigar la posibilidad de declarar a la megabanda venezolana como “organización terrorista” y ahora su administración contempla la posibilidad de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1978 (Alien Enemies Act), una medida que permitiría la deportación de migrantes presuntamente vinculados a pandillas, sin audiencias judiciales ni el debido proceso. La última vez que se implementó una normativa similar fue para justificar los campos de internamiento –o confinamiento forzado– de personas de ascendencia japonesa, alemana e italiana durante la Segunda Guerra Mundial.
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