Padres con niños de tan solo un año han comenzado a llegar a un centro de detención para inmigrantes en Karnes, en el sur de Texas. Son las primeras familias detenidas por el Gobierno de Donald Trump, que ha recuperado una práctica en gran medida restringida durante la Administración de Joe Biden y denunciada por organizaciones de derechos humanos como inhumana. Las familias permanecerán en custodia federal, en instalaciones que los críticos han descrito como “cárceles para bebés”, hasta que sean expulsadas del país bajo la campaña de deportaciones masivas del presidente.
Por El País
Más de una docena de familias con niños están recluidas en el centro de detención de Karnes, una pequeña localidad de unos 15.000 habitantes situada a unos 80 kilómetros al sureste de la ciudad de San Antonio. De acuerdo con RAICES, organización con sede en Texas que presta servicios a los migrantes en el centro, entre las familias detenidas hay algunas que cruzaron la frontera recientemente, tanto la mexicana como la canadiense, pero también otras que fueron capturadas en la reciente oleada de redadas de inmigración en todo el país. Algunas llevaban en el país hasta 10 años, aseguró la organización.
Entre los detenidos en Karnes hay inmigrantes originarios de Colombia, Rumanía, Irán, Angola, Rusia, Armenia, Turquía y Brasil. Un segundo centro en el sur de Texas, en la localidad de Dilley, a 115 kilómetros al sur de San Antonio, está siendo habilitado para recibir cientos de familias en los próximos días. En total, las dos instalaciones, gestionadas por empresas penitenciarias privadas contratadas por el Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas inglesas), tienen capacidad para casi 3.800 personas.
Trump ya hizo uso de esta práctica durante su primer mandato, en un esfuerzo por disuadir la migración a través de la frontera sur. Las Administraciones de George W. Bush y Barack Obama también lo hicieron, pero Trump dio un paso más y separó por la fuerza a los menores de sus padres y los retuvo en centros de detención que se asemejaban a cárceles o perreras. Allí, no tenían acceso a servicios básicos, como duchas, camas o alimentos suficientes. La política generó tal indignación pública que el presidente decidió dar marcha atrás, pero el daño ya estaba hecho. Más de 4.600 niños fueron arrancados de sus familiares y se estima que, a día de hoy, casi el 30% de ellos sigue en paradero desconocido.
Las detenciones familiares se detuvieron en gran medida, pero no se abolieron, durante el Gobierno de Biden. El demócrata liberó a algunas de las familias detenidas por Trump y reconvirtió las instalaciones de Karnes y Dilley en centros de detención de adultos. Pero cuando los cruces fronterizos alcanzaron máximos históricos durante los tres primeros años de su mandato, sopesó reinstaurar la práctica en 2023. Sin embargo, la idea suscitó tantas críticas que finalmente no la llevó a cabo.
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