
Los debates sobre las estrictas políticas migratorias del presidente Donald Trump giran en torno a la pandilla venezolana Tren de Aragua, considerada por algunos como una despiadada organización criminal transnacional y por otros como un pretexto para una exagerada narrativa antimigratoria.
Por AP
Trump se refirió al Tren de Aragua como una fuerza invasora el sábado, cuando invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una autoridad que rara vez se ha utilizado desde 1798 y que le otorga al presidente la facultad para deportar a cualquier no ciudadano en tiempos de guerra.
Horas más tarde, el gobierno de Trump envió a cientos de inmigrantes a El Salvador, a pesar de que un juez federal emitió una orden que prohibía temporalmente las deportaciones. Los vuelos estaban en el aire al momento en que se emitió la decisión.
De acuerdo con la Ley de Enemigos Extranjeros, el presidente debe declarar que Estados Unidos está en guerra, otorgándole poderes extraordinarios para detener o expulsar a extranjeros que de otro modo contarían con protecciones en virtud de las leyes penales o de inmigración. La medida se ha utilizado únicamente en tres ocasiones, siendo la última para justificar la detención de civiles japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

El gobierno de Trump no ha revelado la identidad de los más de 200 inmigrantes que fueron deportados, así como tampoco ha proporcionado evidencia de que en verdad sean miembros del Tren de Aragua o que hayan cometido algún delito en Estados Unidos.
La pandilla gana notoriedad en EE.UU.
Desde el corazón del país hasta las grandes ciudades como Nueva York y Chicago, a la pandilla se le culpa de operaciones de trata de personas, contrabando de drogas y tiroteos con la policía, así como de la explotación de los casi un millón de migrantes venezolanos que han llegado a Estados Unidos en los últimos años. Hace unas semanas, Trump dijo ante el Congreso que un migrante venezolano que fue declarado culpable por el asesinato de Laken Riley, una estudiante de enfermería, en el campus de la Universidad de Georgia era miembro de la pandilla.
De momento se desconoce el tamaño del grupo delictivo, al igual que la medida en que sus acciones están siendo coordinadas a través de las fronteras estatales e internacionales.
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