En un sentido amplio, el término “mito” se usa para referirse a creencias populares que no tienen una base real o que han sido exageradas con el tiempo
La ruina de un gigante
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), creada en 1976 como pilar de la economía venezolana, ha pasado de ser una de las petroleras más competitivas del mundo a un símbolo de colapso estructural. En 1998, producía 3,3 millones de barriles diarios (bpd), según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). En febrero de 2025, las estimaciones más optimistas sitúan su producción en apenas 735.000 bpd (OPEP, fuentes secundarias). Los defensores del modelo estatal argumentan que garantiza soberanía; los números, sin embargo, exponen una realidad ineludible: la gestión pública ha devastado la industria petrolera venezolana. Este artículo desmonta el mito de la PDVSA estatal y demuestra, con evidencia cuantitativa, por qué la privatización es la única vía viable para rescatar el sector
1- Un declive incontrovertible
La caída de la producción petrolera bajo el control estatal es un hecho medible y documentado:
Producción histórica: En 1998, PDVSA alcanzó su pico reciente de 3,3 millones de bpd (bajo la Apertura Petrolera), con una capacidad de refinación interna de 1,2 millones de bpd (Informe Anual PDVSA 1998). Para 2024, la producción anual promedio fue de 871,000 bpd (Energy Institute, 2024), una reducción del 73% en 25 años.
La Pdvsa totalmente estatal duró muy poco tiempo, 16 años (1976-1992). Se dieron cuenta que solos no podían, y se comenzó a reincorporar las empresas privadas en la industria con la Apertura Petrolera, que culminó en el año 2008 con la emigración forzada a la modalidad de empresas mixtas
Infraestructura en ruinas: De las seis refinerías principales de PDVSA, solo dos (Amuay y Cardón) operan parcialmente, con una capacidad combinada inferior al 15% de su diseño original de 940,000 bpd (Reuters, 2023). Esto ha forzado a Venezuela, con las mayores reservas del mundo (303 mil millones de barriles, USGS 2020), a importar gasolina, nafta y lubricantes.
El sábado 25 de agosto de 2012 ocurrió un accidente industrial en la Refinería de Amuay, parte del Complejo de Refinación Paraguaná (CRP) por la fuga y posterior explosión de una nube de gas propano. La explosión y el incendio resultantes causaron una gran devastación. Murieron en datos extraoficiales 55 personas y más de 150 heridos. El régimen de Hugo Chávez calificó caprichosamente el accidente como sabotaje, que no tiene cobertura de seguros, evitando así la inspección técnica de las empresas reaseguradoras. Con ello quedó sellada la política petrolera estatal, ocultando al país las causas de un accidente que investigaciones independientes señalaron que fue causado por falta de mantenimiento. Desde entonces Pdvsa quedó convertida en una empresa opaca, corrupta e incluso peligrosa para sus propios obreros y técnicos de campo. Hoy la seguridad industrial está en el piso.
Pérdida de talento: Tras el paro cívico nacional de 2002-2003, se despidieron 18.000 empleados calificados (aproximadamente el 40% de la nómina técnica, según el ex economista jefe de PDVSA, Ramón Espinasa). Su reemplazo por personal políticamente afín, sin experiencia técnica, marcó el inicio del deterioro operativo.
Entre 2013 y 2024, Pdvsa ha tenido 8 presidentes, con un promedio de 1,3 años de permanencia cada uno. Esa alta rotación indica la desprofesionalización de esa empresa. La Junta Directiva está integrada por activistas políticos de escasas credenciales técnicas y experiencia.
¿Sabe el lector quién es el actual presidente de Pdvsa? ¿Quiénes conforman su Junta Directiva? ¿Cuáles son sus credenciales? Posiblemente no lo sabe. Como posiblemente tampoco sabe que son muy pocos los gerentes o directivos que tienen más de 20 años de experiencia.
En datos extraoficiales, la nómina de Pdvsa está integrada por 84.000 personas al cierre de 2024. Con una producción de 871.000 barriles día, arroja una productividad de 10,3 barriles por trabajador. Eso es una productividad extremadamente baja, cuando vemos que petroleras privadas como Conoco que produce 196 barriles por trabajador, o Exxon y Chevron que producen unos 68 barriles por trabajador.
Si PDVSA tuviera una eficiencia similar a las petroleras privadas, debería estar produciendo entre 4 y 5 millones de b/d con la nómina actual
Estos datos refutan cualquier narrativa que intente justificar el modelo estatal como funcional. La ineficiencia no es una cuestión de opinión: es una realidad numérica.
2- La meritocracia heredada
Son tres los pilares que obtuvo el Estado venezolano con la estatización petrolera: 1- Producción y reservas probadas de crudos medianos y livianos, 2- Empresas financieramente sanas, con flujo de caja libre y 3- Una nómina de empleados venezolanos altamente calificada, con gerentes con más de 25-30 años de experiencia
La meritocracia petrolera es un activo complejo y de largo plazo. Se basa en la evaluación del desempeño de sus trabajadores bajo criterios muy profesionales, que van desde la calidad humana, capacidad de trabajar en equipos de alto desempeño así como las habilidades estrictamente técnicas.En una petrolera privada ocupar un cargo de gerencia básica toma unos 15 a 20 años de desarrollo. Llegar a la alta gerencia en promedio unos 30 años.
Lo que no le dice un estatista es cómo va a crear una estructura meritocrática en una empresa estatal, que supone una evaluación sin fines políticos, unos salarios equivalentes a las petroleras privadas, con garantía de desarrollo de carrera e incentivos suficientes para dar su mejor contribución.
Y más si queremos una democracia con alternancia, donde cada 6 años llega un presidente y un equipo de trabajo nuevo (los nuevos dueños). Un alto gerente de una petrolera estatal, tendría que lidiar en sus 30 años de desarrollo con 5 “dueños” diferentes.
Hoy Pdvsa es quizás la petrolera, privada o estatal, que paga los peores salarios en el mundo. Sus trabajadores tienen un salario promedio entre 150 y 300 dólares mensuales. Los altos cargos pueden llegar, en casos excepcionales a entre 1.000 y 3000 dólares mensuales. Entre otros beneficios tienen comida subsidiada, transporte, bonos poco útiles, pero sin seguros de salud y accidentes competitivos ni planes de retiro atractivos.
Comparativamente, un ingeniero de campo de una petrolera privada gana entre 7.000 a 12.000 dólares mensuales. Un alto gerente gana entre 20.000 a 50.000 dólares mensuales.
Tenemos entonces que un ingeniero en ExxonMobil, Chevron o Shell gana 30 a 50 veces más que en PDVSA. Los técnicos petroleros en PDVSA ganan menos que el salario mínimo en EE.UU., mientras que en privadas pueden superar los $5.000 mensuales. Es por ello que la fuga de talento de PDVSA hacia el exterior es masiva debido a esta brecha salarial.
Si PDVSA quisiera recuperar su competitividad salarial, tendría que multiplicar los salarios por 10 o más, lo cual es inviable en un país con un Estado en ruinas.
3- Corrupción sistémica: El saqueo del recurso nacional
La gestión estatal ha convertido a PDVSA en un epicentro de corrupción, con pérdidas económicas que superan cualquier beneficio teórico de la “soberanía”:
a- Desfalcos cuantificados: Transparencia Venezuela documenta 127 casos de corrupción en PDVSA entre 2000 y 2020, con un desvío estimado de 42,000 millones de dólares. El caso PDVSA-Cripto (2023) reveló una trama de 3,000 millones de dólares en contratos ficticios, según el Ministerio Público venezolano.
b- Dependencia opaca: A pesar de las sanciones estadounidenses, PDVSA opera a través de intermediarios opacos y empresas iraníes, vendiendo crudo con descuentos de hasta 40% bajo el precio de mercado (Bloomberg, 2022). Esto no es soberanía, es subordinación encubierta.
c- Auditorías ausentes: Desde 2016, PDVSA no publica estados financieros auditados, violando estándares internacionales de transparencia (Ley de Hidrocarburos, Art. 23). La opacidad impide calcular con precisión el alcance del daño, pero las estimaciones conservadoras de expertos como Francisco Monaldi (Rice University) sugieren pérdidas operativas anuales superiores a los 10,000 millones de dólares desde 2014.
El control estatal no ha protegido el recurso; lo ha convertido en botín de una élite, mientras el país importa combustible y sufre escasez crónica.
4- La soberanía como excusa: Un análisis comparativo
El argumento de la “soberanía nacional” se desmorona al compararlo con modelos mixtos o privatizados exitosos:
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Noruega (Equinor): Con un 67% de participación estatal, Equinor produjo 2 millones de bpd en 2023 (Informe Anual Equinor), operando bajo un marco regulatorio que atrae inversión privada y tecnología de punta. Su valor de mercado supera los 80,000 millones de dólares (Bolsa de Oslo, 2024).
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Brasil (Petrobras): Tras su apertura al mercado en los años 90, Petrobras incrementó su producción de 1.5 millones de bpd en 2000 a 2.8 millones en 2023 (Petrobras, 2024), a pesar de escándalos como Lava Jato. La participación privada aportó 25,000 millones de dólares en inversiones entre 2010 y 2020.
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Colombia (Ecopetrol): Con un modelo mixto, Ecopetrol produce 730,000 bpd (2023), casi igualando a PDVSA con reservas 150 veces menores (2,000 millones de barriles vs. 303,000 millones). Su capitalización bursátil ronda los 15,000 millones de dólares (BVC, 2024).
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Estados Unidos: La industria petrolera estadounidense, dominada por empresas privadas como ExxonMobil y Chevron, produjo 13 millones de bpd en 2023 (EIA, 2024), convirtiendo al país en el mayor productor mundial. El Estado no posee empresas petroleras, pero recauda 80,000 millones de dólares anuales en impuestos y regalías (Departamento del Interior, 2023), demostrando que la soberanía se ejerce a través de regulación, no de propiedad. Las reservas probadas de EE.UU. (69,000 millones de barriles, USGS) son cinco veces menores que las de Venezuela, pero su explotación eficiente genera prosperidad.
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España (Repsol): Aunque no es un país productor de crudo a gran escala, Repsol, una empresa española privatizada en 1997, opera globalmente y produjo 570,000 bpd en 2023 (Repsol, 2024). Con sede en Madrid, aporta al fisco español unos 2,500 millones de euros anuales en impuestos (equivalentes a 2,700 millones de dólares), según su informe financiero. Su modelo privado ha permitido expandirse en América Latina y África, mientras el Estado español retiene control regulatorio sin necesidad de poseer la empresa.
Estos casos demuestran que la privatización regulada y transparente no implica pérdida de control estratégico, sino optimización de recursos. En Venezuela, el dogma estatal ha generado una dependencia de facto de socios como Chevron, que opera bajo licencias restrictivas y aporta el 20% de la producción actual (EIA, 2024), sin que el país maximice beneficios.
5- El costo económico y humano: Cifras que no mienten
El colapso de PDVSA tiene repercusiones directas en la economía y la población:
Divisas perdidas: En 2013, el petróleo generó 96,000 millones de dólares en exportaciones (Banco Central de Venezuela). En 2023, esta cifra cayó a 11,000 millones (estimación CEPAL), un desplome del 88% ajustado por inflación.
Crisis humanitaria: La reducción de ingresos petroleros coincide con una contracción del PIB del 70% entre 2013 y 2023 (FMI) y la migración de 7.7 millones de venezolanos (OIM, 2024). Cada barril no producido equivale a menos alimentos, medicinas y servicios básicos.
Inversión requerida: Reactivar la industria a niveles de 3 millones de bpd exige entre 15,000 y 20,000 millones de dólares anuales durante una década (IPD Latin America, 2022). El Estado venezolano, con una deuda externa de 160,000 millones y un déficit fiscal del 15% del PIB (FMI, 2024), no tiene capacidad para financiarlo.
La insistencia en el modelo estatal no es patriotismo; es una condena económica y social respaldada por fantasías
6- Privatización: Evidencia de viabilidad
La privatización regulada y transparente ofrece una solución técnica y financieramente viable:
Capital disponible: Las grandes petroleras (ExxonMobil, Shell, Chevron) invirtieron 120,000 millones de dólares globalmente en 2023 (IEA). Venezuela, con un marco jurídico claro, podría captar al menos 10,000 millones anuales.
Recuperación proyectada: Un estudio de Wood Mackenzie (2023) estima que con inversión privada, la producción venezolana podría alcanzar 2 millones de bpd en 5 años, triplicando los niveles actuales.
Precedentes locales: Antes de 2007, los convenios operativos con empresas privadas produjeron 1.2 millones de bpd en campos marginales (PDVSA, 2006), demostrando la eficacia del modelo.
Los detractores alegan pérdida de soberanía, pero el control regulatorio y los impuestos (como el 30% de regalías en Brasil) garantizan ingresos sin sacrificar eficiencia.
7- Contribución fiscal: ¿Es PDVSA estatal superior a una empresa privada?
Un argumento recurrente de los defensores del modelo estatal es que PDVSA genera una mayor contribución fiscal al Estado en comparación con una empresa privada. Los datos, sin embargo, desmienten esta premisa:
Aportes históricos: En su apogeo (2008), PDVSA transfirió al fisco 38,000 millones de dólares, equivalentes al 70% de sus ingresos netos (Informe Anual PDVSA 2008), gracias a un precio promedio del crudo de 86 dólares por barril (OPEP). Sin embargo, en 2023, con una producción de 900,000 bpd y precios promedio de 80 dólares por barril, los aportes fiscales estimados no superaron los 4,000 millones de dólares (CEPAL, 2024), apenas el 36% de los ingresos petroleros totales de 11,000 millones. Esta caída refleja no solo la menor producción, sino una gestión que desvía recursos a subsidios y corrupción en lugar de maximizar ingresos fiscales.
Comparación con modelos privados: En Brasil, Petrobras, con un esquema mixto, generó 24,000 millones de dólares en impuestos y regalías en 2023 (Petrobras, 2024), equivalente al 35% de sus ingresos brutos, mientras producía 2.8 millones de bpd. En Colombia, Ecopetrol aportó 5,600 millones de dólares al fisco (Ecopetrol, 2023), un 40% de sus ingresos, con una producción similar a la de PDVSA actual. Estos porcentajes son menores al pico histórico de PDVSA, pero se aplican sobre una base de ingresos mucho mayor debido a una producción eficiente.
Potencial privatizado en Venezuela: Si la producción venezolana alcanzara 2 millones de bpd en 5 años bajo un modelo privatizado (Wood Mackenzie, 2023), con un precio promedio de 80 dólares por barril y un régimen fiscal similar al de Brasil (30% en regalías y 15% en impuestos), el Estado recaudaría aproximadamente 17,500 millones de dólares anuales: 12,000 millones en regalías (2 millones bpd x 80 USD x 30%) y 5,500 millones en impuestos sobre utilidades. Esto supera en más de cuatro veces los aportes actuales de PDVSA, incluso asumiendo márgenes conservadores para las empresas privadas.
Efecto multiplicador: Además, la inversión privada generaría ingresos indirectos (impuestos laborales, IVA, tasas locales) que PDVSA, con su estructura burocrática y opaca, no produce. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2022) estima que por cada dólar invertido en el sector petrolero privado, se generan 0.8 dólares adicionales en actividad económica, frente a 0.3 dólares bajo el modelo estatal venezolano.
La supuesta ventaja fiscal de PDVSA estatal es un mito sostenido por su pasado, no por su realidad. Una empresa privada supervisada bajo reglas claras no solo igualaría, sino que superaría sus aportes fiscales al multiplicar la producción y reducir el despilfarro.
La inescapable necesidad de cambio
PDVSA estatal no es un bastión de soberanía ni un motor fiscal eficiente; es una estructura fallida que ha destruido el potencial petrolero de Venezuela.
Los datos son claros: una producción colapsada, 42,000 millones de dólares desfalcados, aportes fiscales reducidos a niveles irrisorios, y una población sumida en la miseria.
La privatización, lejos de ser una rendición, es una estrategia técnica para recuperar un sector estratégico.
Mantener el status quo es optar por el fracaso; abrir el mercado es apostar por la reconstrucción.
Los números no mienten, y el tiempo de las excusas ideológicas ha terminado.
@morandavid