Estados Unidos deportó a El Salvador a 261 personas: 137 supuestos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, 101 migrantes venezolanos y 23 supuestos pandilleros salvadoreños. Todos fueron recluidos en la famosa cárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), construida por el presidente Nayib Bukele para albergar a los más peligrosos delincuentes de su país. Casi una semana después, familiares de algunas personas que han sido reconocidas en las imágenes divulgadas por las autoridades y defensores de los derechos de los migrantes siguen sin saber cuáles son las evidencias que llevaron a la administración de Donald Trump a tomar la decisión de encarcelarlos en un tercer país.
Por El Comercio
Los 137 venezolanos señalados de ser miembros del Tren de Aragua fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que otorga al presidente una amplia autoridad para detener y deportar a los ciudadanos de una nación enemiga durante tiempos de guerra.
El mismo día de las deportaciones, el juez James Boasberg bloqueó de manera temporal la capacidad de la administración para invocar esa ley, lo que hizo que Trump sugiriera que ese magistrado debería ser destituido. Las declaraciones del magnate llevaron al presidente de la Corte Suprema, John Roberts, a reprender al mandatario.
Boasberg está exigiendo al Gobierno que le entregue detalles sobre los vuelos con los deportados, pero el Departamento de Justicia considera que ello es innecesario y baraja la posibilidad de invocar el privilegio de secretos de Estado para no entregar lo requerido.
Los otros 101 venezolanos deportados son migrantes que fueron expulsados bajo leyes de inmigración regulares, dijeron funcionarios de Estados Unidos.
El Gobierno de Trump no ha revelado las identidades de los deportados. Tampoco ha compartido las pruebas o evidencias que hay en contra de estas personas, algo que está llevando a los críticos del gobierno republicano a señalar que están pisoteando las libertades civiles.
Por ejemplo, el senador Richard Durbin, demócrata de Illinois, dijo en la red social X que el Gobierno de Trump estaba “deportando inmigrantes sin debido proceso, basándose únicamente en su nacionalidad”.
“Los tribunales determinan si las personas han quebrantado la ley, no un presidente actuando solo… y no agentes de inmigración eligiendo quién es encarcelado o deportado”, agregó.
De acuerdo con la cadena de noticias Univisión, en Estados Unidos no hay declaraciones de miembros confirmados del Tren de Aragua que permitan armar una estructura operativa de la banda criminal en el país e identificar a sus integrantes y cabecillas. Si el Gobierno tiene toda esa información, no la ha hecho pública.
Por su parte, la cadena CNN informó que el miércoles, cuando un reportero preguntó por qué la administración Trump no compartía información básica sobre los detenidos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el Gobierno no revelaría “detalles operativos sobre una operación contra el terrorismo”. Agregó que tiene “el mayor grado de confianza en nuestros agentes de ICE”, al referirse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
La prensa de Estados Unidos ha preguntado directamente al ICE sobre la forma en la que se determinó que los deportados eran miembros del Tren de Aragua, pero no hubo respuesta.
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