Las últimas dos semanas en el Catatumbo, en el nororiente de Colombia, han estado marcadas por la zozobra ante el escalamiento de la violencia. En la noche del 9 de marzo, cinco personas fueron asesinadas en Ocaña, en hechos que aún están en investigación. Unos días después, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia de las extintas FARC conocida como Frente 33 comenzaron una serie de enfrentamientos en la zona rural de Tibú, el municipio más poblado de la región. El 19 de marzo, este último grupo secuestró al líder campesino Joaquín Enrique Villamizar y lo acusó de ser un colaborador de sus rivales. Casi en simultáneo, recuperó el control del poblado de Versalles, también en Tibú. Mientras se calcinaba una bandera del ELN, quedaba claro para las comunidades locales que la disputa territorial está lejos de terminar.
Por Lucas Reynoso | EL PAÍS
Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos de la oenegé Vivamos Humanos, describe la situación como “una guerra declarada 2.0”. Explica por teléfono que hay “una contraofensiva de las disidencias” para recuperar el control de zonas que el ELN les arrebató en enero, cuando lanzó una ofensiva, asesinó a decenas de civiles y produjo el desplazamiento masivo más grande del que se tiene registro en Colombia (unas 60.000 personas al 25 de marzo). “Las disidencias no habían respondido tan de frente, habían tenido un rol pasivo. Pero ahora están disputando el control, sobre todo en Tibú, que era su retaguardia”, comenta.
Las declaraciones de Andrey Avendaño, comandante del Frente 33, evidencian la creciente tensión. Aunque niega que el grupo tenga “pretensiones territoriales”, su tono no da lugar a dudas: acusa al ELN de “nuevas acciones ofensivas” y justifica el secuestro del líder campesino. “Villamizar tenía bajo custodia municiones de diverso calibre (…) [tenía] material de guerra que pertenecía al ELN”, se lee en un mensaje publicado el 20 de marzo en X. Luis Fernando Niño, alto consejero para la Paz de la Gobernación de Norte de Santander, departamento que incluye al Catatumbo, aclara por teléfono que el campesino, ya liberado, no tenía opción en caso de que la acusación sea cierta. “La gente en el territorio quedó bajo el dominio territorial del ELN. Los obligan a acogerse a sus directrices”, remarca.
Tanto Niño como Mejía enumeran varias facetas del escalamiento. El consejero cuenta que las disidencias han sumado unos 150 hombres a sus tropas en el Catatumbo, provenientes de otras regiones del país, como el Magdalena Medio. También señala que las comunidades temen que haya más asesinatos selectivos, como los que ejecutó el ELN, y que las persecuciones llegan a los albergues de desplazados, donde hay denuncias de infiltraciones de los armados. Mejía, por su parte, apunta que los números de desplazados hablan por sí solos: “Pensamos que era imposible que la cifra siguiera aumentando. Pero en menos de un mes sumamos más de 5.000 personas y llegamos a 60.000. Eso implica unas 1.000 personas por semana”.
Otra “alerta bastante diciente”, explica Mejía, fue el ataque del pasado 20 de marzo contra caciques del pueblo indígena Barí. Tras dispararle al carro en el que viajaban, en la carretera entre Tibú y El Tarra, unos 20 hombres armados los rodearon para intimidarlos. Mejía recuerda que hasta ahora los Barí suscitaban cierto respeto que los mantenía al margen de la violencia. “Son los guardianes del territorio. Si no los respetan a ellos, no van a respetar a nadie. Si la cogen contra los Barí, es porque ya hay una degradación total del conflicto”, enfatiza.
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