“Yo soy venezolano. Tengo miedo de que puedan venir por mí y decir que tengo tatuajes”, dice Daniel González.
Como él, muchos inmigrantes venezolanos en EE.UU. viven con la incertidumbre de ser señalados injustamente, en medio de una política que ha puesto en la mira a quienes tienen tatuajes o características que podrían vincularlos —sin pruebas— con el crimen organizado.
“No son tatuajes de pandillas ni nada… (…) Pero sí estoy bastante preocupado porque tengo muchas personas buenas acá que tienen el mismo miedo y que, incluso, tienen aquí hasta 15 o 20 años, y nunca había tenido tanto pavor o tanto terror a lo que está sucediendo hoy en día”. dice.
Hace siete años que Daniel González llegó a Estados Unidos desde Venezuela, y es beneficiario de un Estatus de Protección Temporal (TPS). Cuenta que, desde hace meses, a cada lugar al que va lleva su permiso de trabajo y otros documentos por si se enfrenta a un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Pese a tener estatus legal en EE.UU., teme que por su nacionalidad y tener tatuajes — uno de los argumentos del Gobierno del presidente Donald Trump para deportar a migrantes venezolanos a El Salvador— pueda ser visto como un posible delincuente asociado a la banda Tren de Aragua.
“Tengo que tener la mayor cantidad de información posible para que no digan que ‘tú estás aquí ilegal o ya tienes algún cargo penal’ o algo”, dice a CNN.
El 16 de marzo, Estados Unidos deportó a El Salvador a 238 venezolanos, presuntos miembros del Tren de Aragua, a quienes el presidente Nayib Bukele envió al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) como parte un acuerdo vigente con Washington. El Gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las deportaciones pese a un fallo judicial que detuvo la medida. Los detenidos no han sido identificados oficialmente y tampoco han sido sometidos a proceso penal alguno. Se espera que el caso llegue incluso a la Corte Suprema de EE.UU.
ICE afirma que realizó una investigación “cuidadosa” para verificar que las personas deportadas forman parte de grupos criminales.
Días atrás, el presidente Donald Trump desmintió que su Gobierno haya deportado a personas equivocadas a El Salvador y aseguró que las deportadas eran “realmente malas”.
El temor de González, al igual que el de tantos otros migrantes venezolanos, tiene sus razones. Tras las deportaciones, los familiares de muchos de esos detenidos aseguran que sus allegados no son criminales, y que fueron deportados pese a no tener ninguna vinculación delictiva.
Desde Maracaibo, Jaannelys Parra Morillo afirma que su esposo, Mervin José Yamarte Fernández, no tiene antecedentes delictivos.
Cuenta que su cuñado fue quien identificó a su esposo entre los deportados al verlo en imágenes difundidas en medios. CNN no puede confirmar independientemente que Yamarte esté entre los migrantes venezolanos deportados a El Salvador. El Gobierno de Venezuela no ha respondido a las consultas sobre el tema.
En una entrevista con CNN, Parra pidió que investiguen su caso. “No porque sea venezolano tiene que ser del Tren de Aragua”, dijo.
Argumenta que los tatuajes de su esposo no tienen ninguna relación con organizaciones delictivas. “Yo estoy segura de mi esposo; lo conozco bien, llevo 11 años con él. Yo sé que no es un mal muchacho. No pertenece al Tren de Aragua”, insistió.
Yurliana Andreina Chacín Gómez buscó durante días a su hermano Jhon Willian después de verlo, afirma, en un video entre los enviados a El Salvador, acusado por el Gobierno de Trump de tener lazos con la pandilla de origen venezolano. “No es un criminal”, aseguró.
“Es como que nos pusieran una diana en la frente”
Adelys Ferro, cofundadora y directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus, una ONG que aboga por los derechos de los migrantes, explica que el temor de los venezolanos en Estados Unidos afecta a todos y que aumenta cada vez más, “independientemente de su estatus inmigratorio”.
“Desde que empezó la campaña electoral del presidente Trump, en aquel momento candidato, los ataques se dirigieron especialmente a la comunidad venezolana, sin discriminar”, dice Ferro a CNN.
Ferro señala que las políticas inmigratorias han generado “mucho miedo” en la comunidad: no solo por la incertidumbre sobre el futuro, sino también por el rechazo y la discriminación. “Es como que nos pusieran una diana en la frente”, dice.
El impacto psicológico de lo que viven muchos, asegura, “es terrible”. “La incertidumbre de qué va a pasar, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con lo que tengo, con mi negocio, con mi casa, qué va a pasar con mis hijos, si a mí me detienen. (…) Hay gente con ataques de ansiedad, con ataques de pánico, con crisis nerviosas”.
La activista de derechos humanos dice que desde su organización consiguen asistencia psicológica a quienes no tienen recursos y la necesitan. Una tarea que ha sido difícil: “No hemos dado totalmente abasto. Son muchos casos de personas que están teniendo problemas de salud mental gracias a esta situación de incertidumbre y de desesperación”.
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