Desde que lanzó una amplia ofensiva contra la inmigración ilegal en enero, la administración Trump ha perdido una disputa legal tras otra en California, Massachusetts, Washington DC e incluso Texas.
Por El Nuevo Herald
Pero el lunes, la racha perdedora del gobierno se detuvo, gracias a la Corte Suprema federal.
Los jueces levantaron la suspensión de un juez federal que había bloqueado el plan del gobierno de cancelar las protecciones contra la deportación y los permisos de trabajo para cientos de millas de inmigrantes venezolanos residentes en Florida y otros estados. Sin embargo, si bien su decisión fue impactante por su impacto, la orden de dos párrafos, sin firmar, carecía de claridad y orientación, lo que generó tantas preguntas como respuestas.
Sin duda, la orden del Tribunal Supremo permitirá al Departamento de Seguridad Nacional revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de los inmigrantes venezolanos, incluso si estos impugnan la política de revocación del gobierno ante un tribunal federal de San Francisco. La orden permanecerá vigente hasta que un tribunal de apelaciones de menor rango revise la decisión del juez sobre la medida cautelar.
Pero la orden de los jueces también indicó que ciertas personas con solicitudes pendientes de beneficios migratorios como asilo político podrían impugnar al gobierno si las autoridades intentan cancelar sus permisos de trabajo o expulsarlos del país mientras tanto.
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