Los números históricos del oficialismo van en cada proceso electoral mostrando una mengua prolongada. Hace rato que las jefas de calle, las UBCh y los Concejos Comunales o bien las Comunas, no son garantías de conducción ciudadana. Todos estos organismos políticos, además de no ser representativos del interés colectivo de las comunidades, son ineficientes en dar respuestas a las problemáticas locales. No hay razón para negarlo, poseen el germen de la corrupción. Toda asistencia la convierten en botín de guerra. El rechazo hacia estas estructuras del PSUV es generalizado. Militan allí solo adeptos. Es una falacia conceptual pensar que esos grupos encarnan el poder popular.
Esos instrumentos de control social para mantener el statu quo perdieron su eficacia tanto política como electoral. Incluso, valorar estas vías de participación social, como posible contenido de una reforma constitucional, constituye un fracaso evidente debido a su gran impopularidad. En realidad, luego de las elecciones del 25 de mayo, el régimen enfrenta una grave crisis de gobernabilidad, aun y cuando amaneció con la autoridad legal que le otorgó los bajos porcentajes de asistencia, no goza de la legitimidad requerida. El rechazo es contundente. La feroz represión así lo confirma.
Por su parte, el extremismo político que se inclina por una salida de fuerza (cuyo costo sería traumático y doloroso) no lee bien los graves conflictos de la escena mundial. Las grandes potencias hoy están ocupadas reconformando su papel hegemónico. Los desafíos del país deben resolverlos los venezolanos mediante acciones viables y no a través de creencias mágico-religiosas. Es relevante aclarar que la abstención no fue el resultado de un plan preconcebido que los ciudadanos siguieron al pie de la letra. No es capital, como se aduce, de liderazgo alguno. Simplemente, los ciudadanos no concurrieron a votar porque dudaron de la utilidad del voto para lograr cambios. Su displicencia hacia la política o más bien su divorcio obedece al deterioro de una institucionalidad totalmente parcializada. Reconocen que la anomia solo le sirve a la camarilla enquistada. Así las cosas, la espera pareciera ser la apuesta de los demócratas y no el desgate de las propias iniciativas. En la memoria de los venezolanos persiste lo vivido el 28 de julio.
Un tercer sector del espectro político, lo componen las distintas alianzas opositoras que por separado transitaron la ruta democrática para desafiar la hegemonía autoritaria. Los resultados públicamente adversos obligan a evaluar las distintas narrativas que no consiguieron movilizar las voluntades requeridas. Las diversas campañas de aire se enfatizaron casi exclusivamente en la diatriba política entre votar o no, el tradicional maniqueísmo y otras en la esperanza, en la persistencia de la lucha, pero no se enfocaron en las principales preocupaciones que sufre el pueblo llano. No conectaron ni sirvieron de pedagogía política para vencer la incredulidad y la rabia contenida. No se observó movilización durante la jornada y el padrón electoral no consiguió la totalidad de los testigos necesarios en muchos estados y municipios. El ventajismo oficialista se vivió de nuevo: los puntos rojos, el descarado financiamiento público y la karmíca tardanza en la entrega de las credenciales. Un déjà vu total. Otros de los puntos a revisar es la necesidad de que la discusión y el debate regresen a las organizaciones políticas para que las posiciones, las propuestas y los liderazgos, se vinculen con más ahínco a la ciudadanía.
¿Y ahora qué? Sin duda, continuar. El país no se paraliza. Las demandas tienen que ser atendidas y el activismo debe retomarse. El tiempo dará la razón de la decisión tomada y el pueblo juzgará la conveniencia de lo ocurrido. Finalmente, en vista de que fueron muy pocos los curules logrados por las diversas alianzas de este sector, estas tendrán que tender puentes bajo una mínima propuesta de leyes que vayan desde una ley del salario, a fin de fortalecer la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora; así como una ley de servicios públicos, unas reformas en las leyes de educación, salud y, la más fundamental, la ley de presupuesto. Es vital llevar el debate de lo que verdaderamente ocurre en el arco minero y superar la opacidad en la gestión pública. Debates que tienen que contar con la resonancia de los partidos políticos.