Es un tópico, pero se cumple: con frecuencia, la realidad supera a la ficción. A partir del 27 de julio, los sacerdotes del estado de Washington estarán obligados a romper el sigilo sacramental en el caso de que un pederasta les confiese sus crímenes. Si, durante el sacramento de la penitencia, el pecador reconoce haber abusado de menores, el confesor estará obligado —por ley— a acudir a la comisaría más cercana para ponerlo en conocimiento de las autoridades. En caso de no hacerlo, se enfrenta a multas e, incluso, a acabar en la cárcel.
Por El Debate
La ley pone al clero de Washington ante una clara disyuntiva, similar a la que reflejó Alfred Hitchcock en su célebre película de 1953 Yo confieso. En esa obra, un sacerdote escucha la confesión de un criminal. Cuando las circunstancias se complican e implican al cura, tendrá que tomar una decisión trascendental: faltar al secreto de confesión y delatar al penitente, o respetarlo y acabar en la cárcel.
Los obispos de las diócesis de Seattle, Spokane y Yakima —las tres que se ven afectadas por la ley firmada por el gobernador Bob Ferguson el pasado 2 de mayo— acaban de presentar en los tribunales un recurso para impedir que la medida entre en vigor, al considerar que viola el libre ejercicio de la religión, protegido por la Primera Enmienda, al infringir el secreto de confesión. Se da una circunstancia curiosa: la ley agrega al clero a la lista de denunciantes obligatorios de Washington sobre abuso infantil, pero les niega explícitamente la exención de «comunicación privilegiada» otorgada a otros profesionales, como enfermeras y terapeutas. Es decir, un abusador podría reconocer su crimen ante un psicólogo, y no ser denunciado, pero no tendría esa misma garantía con un sacerdote.
Saltarse la ley no sería ninguna broma: los sacerdotes se enfrentarían hasta 364 días de cárcel y una multa de 5.000 dólares. Se da la circunstancia de que el gobernador Ferguson, que se define como católico, defendió la medida a principios de mayo, y aseguró estar «muy familiarizado» con la confesión, pero consideró la ley «una legislación importante» para proteger a los niños, según recoge la agencia CNA.
Dos mil años de praxis
Pero esto no convence a los obispos, quienes explican que «se han adoptado e implementado dentro de sus respectivas diócesis políticas que van más allá en la protección de los niños que los requisitos actuales de la ley de Washington sobre la denuncia del abuso infantil». Estas medidas diocesanas exigen denunciar sospechas de abuso por parte del personal de la Iglesia, incluido el clero, excepto cuando la información se obtiene únicamente en la confesión, que está protegida por «más de 2.000 años de doctrina de la Iglesia».
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