La organización defensora de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) publicó un informe este martes donde denuncia las detenciones arbitrarias por motivos políticos, principalmente por el auge de la práctica de desapariciones forzadas, y donde estaca el caso del editor de La Patilla, Rory Branker.
El informe está centrado en cómo son “las estrategias” del régimen de Nicolás Maduro para reprimir protestas y la disidencia política luego de las cuestionadas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
“Tras las elecciones del 28 de julio de 2024 siguieron un patrón recurrente: las personas eran privadas ilegalmente de la libertad, y en muchos casos inmediatamente incomunicadas, o se negaba u ocultaba su detención, suerte y paradero. Además se les negaba las garantías procesales y el derecho a un juicio justo, privándoles del derecho a la defensa adecuada, a ser escuchadas por un juez imparcial, a conocer los cargos o las pruebas en su contra y se les acusaba de delitos graves y ambiguos como ‘terrorismo’, por el supuesto de ejercer algún tipo de oposición o crítica en contra del gobierno”, revela el escrito.
Amnistía Internacional resaltó que investigó 15 casos que ejemplifican el modus operandi de esta “grave violación de derechos humanos y crimen de derecho internacional”, entre los que destaca Rory Branker, de quien no se conoce su paradero desde el pasado mes de febrero.
“Se sospecha que la motivación en prácticamente todos los casos fue política: las personas detenidas lo fueron por haber participado en protestas, haber sido ubicadas cerca de éstas o de zonas de relevancia política, transportar a personas de alto perfil político, ser parte de partidos políticos de oposición, activistas, periodistas críticos o defensores de derechos humanos”, afirma el informe.
“Las autoridades venezolanas nos demuestran un día más que su crueldad no tiene límite. La desaparición forzada supone no saber dónde está tu familiar, en qué condiciones se encuentra, ni siquiera si está vivo o muerto. Es un crimen que pone en grave riesgo la vida e integridad de la persona desaparecida forzadamente y también somete a su familia a un sufrimiento constante, marcado por la incertidumbre, la angustia y el tormento diario de preguntarse cuál es el paradero de su ser querido,” dijo Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
La investigación de Amnistía Internacional se basa en el derecho internacional de los derechos humanos, según el cual se deben dar tres elementos de forma concurrente para que se configure una desaparición forzada: (1) la detención de una persona; (2) por agentes estatales, o personas actuando con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado; y (3) la negación oficial de la detención u el ocultamiento de la suerte oel paradero de la persona detenida.
Detenciones arbitrarias y ocultamiento del paradero
En la mayoría de las instancias analizadas por Amnistía Internacional, la detención habría sido arbitraria debido a que no existía base legal para ello. Las víctimas fueron detenidas por haber participado en protestas, por haber transportado a personas de alto perfil político, o por ser parte de partidos políticos de oposición, activistas, periodistas críticas o defensoras de derechos humanos.
Se presume que la detención de Rory Branker, detenido el 20 de febrero de 2025 por el Sebin y que continúa en paradero desconocido, tuvo como finalidad castigar a La Patilla, donde él es editor, conocido por su línea editorial crítica hacia el gobierno.
En general, las autoridades negaron información sobre la detención de todas estas personas. Cuando sí las reconocieron, negaron información sobre su suerte o paradero. Sus familias recorrieron sin descanso organismos de gobierno, fiscalía, poder judicial y varios centros de reclusión para intentar localizar a sus seres queridos, sin obtener respuesta. Destacan la sede de la Dgcim en Boleíta, la sede del Sebin conocida como El Helicoide, así como el centro de reclusión Rodeo I, todos ellos en Caracas o sus alrededores, como los lugares más utilizados por el Estado para mantener a las personas en situación de desaparición forzada.
La esposa y el equipo de trabajo de Eduardo Torres, abogado de la organización de derechos humanos Provea, con detenido arbitrariamente el 9 de mayo de 2025 y en paradero desconocido durante días, presentaron denuncias ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, intentando sin éxito interponer recursos contra la detención, y recorriendo múltiples centros de detención —incluido El Helicoide— en un esfuerzo por confirmar su detención y encontrarlo. Tras una rueda de prensa en la que Provea denunció su desaparición forzada, el fiscal general reconoció públicamente su detención, aunque sin revelar su ubicación. Finalmente, el 17 de mayo, custodios del Sebin confirmaron que se encontraba bajo su custodia.
En los casos de las 15 personas, no solo se les negó de manera sistemática las garantías procesales y el derecho a un juicio justo, sino que ciertos mecanismos del aparato judicial sirvieron para conferir apariencia de legalidad a procedimientos esencialmente arbitrarios e ilegales y facilitar la desaparición forzada. Entre los elementos más ilustradores de estos mecanismos figuran: las audiencias de presentación realizadas en secreto; la imposición de defensores públicos sin voluntad ni capacidad de actuar como defensa legal independiente; la utilización de tribunales carentes de independencia —como los denominados Tribunales contra el Terrorismo—; la anulación de facto del recursoel habeas corpus de la víctima; y la instrumentalización del Ministerio Público como órgano de persecución política, bajo el ropaje de la lucha contra el supuesto ‘terrorismo’. Sumado a todo ello, en muchos casos las autoridades estatales también identificaron y estigmatizaron públicamente a las víctimas.
Asimismo, ciertos indicios apuntan a que varias de las personas desaparecidas forzadamente podrían haber sido sometidas a tortura u otros malos tratos con el objetivo de obtener o fabricar una ‘confesión’, o forzar un ‘testimonio’ que incrimine a terceros.
Detenciones y desapariciones forzadas de personas extranjeras
Tras las elecciones del 28 de julio de 2024 el gobierno de Nicolás Maduro anunció la detención de más de 150 “mercenarios extranjeros”. Al parecer, las autoridades venezolanas estarían utilizando esta práctica para justificar sus narrativas sobre conspiraciones extranjeras y como moneda de cambio con fines de negociación con terceros países. Amnistía Internacional documentó varios casos de personas cuya detención habría sido motivada principalmente por su nacionalidad.
“Recordamos a cualquier funcionario que pueda estar involucrado en desapariciones forzadas —incluidas aquellas que afectan a personas extranjeras—que la prohibición de este crimen es absoluta y no admite excepciones, ni siquiera en el marco de la lucha contra el supuesto ‘terrorismo’. La desaparición forzada constituye un crimen de derecho internacional que no prescribe,” dijo Agnès Callamard.
Yevhenii Petrovich Trush, un joven ucraniano de 19 años que vive con un Trastorno del Espectro Autista y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, fue detenido sin causa aparente mientras solicitaba refugio en el Puente Internacional Atanasio Girardot, estado Táchira, en la frontera con Colombia. Desde el 20 de octubre de 2024 se desconoce su suerte y paradero a pesar de las múltiples diligencias y acciones de búsqueda realizadas por la madre de su pareja venezolana.
Los ciudadanos españoles Andrés Martínez y Jose María Basoa fueron detenidos en septiembre de 2024, acusados de pertenecer presuntamente al servicio de inteligencia español (Centro Nacional de Inteligencia, CNI) y de integrar una supuesta red de “mercenarios” cuyo objetivo sería atentar contra el gobierno de Venezuela, según declaró el ministro del Interior en una rueda de prensa ofrecida días después. Ambos hombres habían ingresado al país con fines turísticos, y las autoridades españolas negaron cualquier vínculo entre ellos y el CNI. Hasta la fecha, permanecen desaparecidos de manera forzada.
Parte de un ataque generalizado y sistemático
A la luz de la investigación en curso de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el análisis de Amnistía Internacional también se centra en el crimen de desaparición forzada como crimen de lesa humanidad en base al Estatuto de Roma de la CPI.
En su artículo 7, el Estatuto dispone que un conjunto de actos, incluida la “desaparición forzada de personas”, constituyen crímenes de lesa humanidad cuando se cometan “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
En 2019, Amnistía Internacional concluyó que en Venezuela existía un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, y que se habían cometido crímenes de lesa humanidad al menos desde 2014. En ese momento, la organización identificó las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, y las lesiones por uso excesivo de la fuerza como elementos de una política de represión del Estado. Posteriormente también incluyó el posible crimen de persecución.
En su nuevo informe, Amnistía Internacional concluye que al menos algunos de los actos de desaparición forzada documentados fueron cometidos como parte del ataque generalizado y sistemático contra la población civil en Venezuela, y que también constituyen un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma.
Lea el informe aquí