Puede parecer que se debería afirmar la inexistencia de instituciones en el país, pero eso no sería del todo exacto, pues sí existen. El problema radica, a menudo, en su infraestructura en ruinas y/o sus trabajadores, quienes frecuentemente se encuentran en situación de abandono o son utilizados para fines distintos a los de la creación de la institución. En el mejor de los casos, son trabajadores no profesionalizados, subutilizados, poco valorados o mal remunerados.
Aunque no es el enfoque principal, el término devaluación es objeto de debate en todos los sectores de la sociedad al referirse a la pérdida de valor del bolívar y también de las divisas, especialmente el dólar. Una práctica originada y fomentada por las propias instituciones, y replicada desde entonces por toda la población.
El punto clave, demostrado a nivel mundial, es que la fortaleza y eficacia de las instituciones provienen de: 1) la ausencia de corrupción en sus procesos internos y relaciones con el entorno; 2) una elevada autonomía e independencia; 3) transparencia y rendición periódica de cuentas a los ciudadanos; 4) ejercicio del profesionalismo; 5) sujeción a un ordenamiento jurídico; 6) capacidad de innovación; 7) orientación a resultados; y 8) enfoque en los ciudadanos o usuarios.
Si comparamos una institución con estas características con una venezolana en cualquier área de servicio, notaremos lamentablemente su estado deplorable. Esto no solo evidencia la indefensión de los usuarios, sino también el grave riesgo que representa para el orden y bienestar futuro del país.
En realidad, esta situación es una mezcla de ineficiencia y sabotaje intencional. Ambos factores parecen planificados deliberadamente para permitir que el control de las funciones y servicios institucionales caiga en manos de particulares, grupos al margen de la ley o quienes buscan dominar a sus conciudadanos.
Este modelo adoptado, donde una estructura central ocupa y dirige todas las dependencias del poder público nacional (instituciones autónomas, servicios autónomos, corporaciones, etc.), no parece ser efectivo ni siquiera para cuidar su imagen ante la opinión pública, probablemente, porque la visión de ejercer control absoluto parte de la premisa de que solo sus pocos funcionarios y allegados poseen el derecho absoluto de dominar un enclave; siendo en realidad una cofradía de agentes chafas que se rotan mientras asimilan a otros actores igual de patéticos, y en tiempos recientes peores aún.
El panorama no parece alentador ni para la perspectiva futura de cada ciudadano, ni como factor común para la sociedad venezolana, y mucho menos para la nación. Quizás, retomando otros análisis, un posicionamiento creciente de individuos con pensamiento crítico avanzado pueda revertir esta situación.
@abrahamsequeda