La tensa relación entre Estados Unidos y Venezuela acaba de inaugurar un nuevo capítulo. En la más reciente confrontación, el Gobierno del presidente Donald Trump reiteró su acusación al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de ser el líder del grupo criminal del Cartel de los Soles y subió la recompensa a US$ 50 millones por información que conduzca al arresto del mandatario venezolano.
Por CNN
Además, EE.UU. designó al Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional, una medida que incluye sanciones económicas, como la exigencia de que los bienes e intereses de las personas designadas que se encuentren en EE.UU. o bajo el control de personas estadounidenses sean bloqueados e informados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Las acusaciones contra Maduro por supuesto narcotráfico, rechazadas de raíz por el gobierno de Venezuela, no son nuevas. Se remontan a 2020, cuando EE.UU. señaló a Maduro como líder del Cartel de los Soles y ofreció US$ 15 millones por información que llevase a su arresto.
En ese momento, el presidente venezolano calificó la recompensa y las acusaciones lanzadas por el gobierno de Estados Unidos como una “acción extremadamente extremista” y falsa. La semana pasada, el primer funcionario venezolano en reaccionar, fue el canciller, Yván Gil, que calificó la duplicación de la recompensa como como “la cortina de humo más ridícula que hemos visto”.
Las reacciones del gobierno venezolano parecen, sin embargo, haber disuadido a la administración Trump de multiplicar, en los últimos cinco años, el botín por Maduro. La recompensa creció ahora a un punto inédito. ¿Por qué?
Trump lanza la primera recompensa: US$ 15 millones
Durante su primer mandato, Trump estableció una recompensa de US$ 15 millones por información que condujera al arresto de Maduro, después de que su secretario de Justicia, William Barr, anunciara cargos de narcoterrorismo y corrupción contra el presidente de Venezuela.
Además, el Departamento de Estado ofreció recompensas de hasta US$ 10 millones por información relacionada con funcionarios clave del régimen de Maduro, que incluían a Diosdado Cabello Rondón, entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y hoy ministro del Interior, y el general (retirado) Hugo Carvajal Barrios, exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela, hoy preso en Estados Unidos, entre otros.
El anuncio de la primera vez que se impuso una recompensa llegó a mediados de marzo de 2020, meses después de que más de 50 países desconocieran a Maduro como presidente.
A inicios de 2019, Estados Unidos, otras naciones y organismos internacionales habían reconocido en su lugar al entonces presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el líder del país.
Biden sube la apuesta: US$ 25 millones
Unos días antes de llegar al fin de su mandato, el Gobierno de Joe Biden aumentó la recompensa después de lo que un alto funcionario llamó una “toma de posesión presidencial fraudulenta” de Maduro para un tercer mandato en julio de 2024.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dejó la nueva recompensa en US$ 25 millones por información que condujera al arresto de Maduro y funcionarios alineados a él, entre ellos el ahora ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, por presuntamente cometer delitos relacionados con conspiración para distribuir cocaína, narcotráfico y corrupción.
Al respecto, Cabello Rondón ha dicho que el Cartel de los Soles es un “invento” de Estados Unidos y “una gran mentira para manipular”. Mientras que Padrino López ha rechazado “categóricamente” a las “bufonescas” acusaciones, tildándolas de “injerencismo”.
Maduro fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024 por las autoridades electorales bajo el férreo control del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La oposición cuestionó el proceso electoral, alegando que su candidato había ganado la votación, y recibió el apoyo de buena parte de la comunidad internacional. El Gobierno de Maduro, sin embargo, asegura que los comicios fueron legítimos.
Trump duplica el botín: US$ 50 millones
A pesar de que en los últimos meses los Gobiernos de Estados Unidos y Venezuela han mantenido un diálogo fluído en torno al regreso de la operación de Chevrón y el reciente intercambio de prisioneros, esta semana la Casa Blanca duplicó la recompensa anterior al ofrecer US$ 50 millones por información que conduzca al arresto de Maduro.
En un video publicado en X, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, acusó a Maduro de utilizar miembros de cárteles para traer “drogas mortales y violencia a nuestro país”.
“Él es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a US$ 50 millones”, continuó. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y será responsabilizado por sus crímenes despreciables”.
La respuesta del gobierno de Venezuela llegó rápidamente. A la declaración del canciller Gil, se sumaron varios funcionarios, entre ellos, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
“Esta infamia constituye una violación flagrante del derecho internacional, un atentado contra nuestra soberanía y una grosera intromisión en los asuntos internos de un Estado soberano”, dijo.
El cartel detrás de la acusación
Funcionarios del Gobierno de Maduro están señalados como miembros del Cartel de los Soles, un grupo criminal que, según Washington, ha corrompido las altas esferas políticas, militares y judiciales en Venezuela desde la década de 1990 para enviar drogas a Estados Unidos.
Según expertos consultados por CNN, este grupo criminal fue identificado en los noventa luego de que en causas judiciales se involucrara a dos generales de división venezolanos en el tráfico de droga colombiana a través de las FARC.
“A partir de ese caso, se comenzó a identificar a una red de militares y de (agentes de la) Guardia Nacional que estaban involucrados, primero, en el tráfico de cocaína hacia el norte usando infraestructura militar venezolana o de la Guardia Nacional, y, después, en el tráfico de oro, de minerales diversos, a través de minas informales que estaban siendo organizadas ilícitamente por el ejército venezolano”, dijo en entrevista a CNN Edgardo Buscaglia, asesor internacional contra terrorismo y delincuencia organizada, director de Save Democracy y académico principal de la Universidad de Columbia en EE.UU.
Buscaglia añadió que, cuando Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela, el mandatario trató de negociar con los militares que formaban la red ilícita, pero finalmente el grupo se expandió hasta funcionarios civiles del Estado y ya no solo militares.
“De alguna manera Maduro hereda la estructura criminal que le deja Chávez y la expande de manera enorme a funcionarios civiles como el ministro del Interior (Diosdado) Cabello, como fue en su momento el jefe de inteligencia Hugo Carvajal, que eran parte de la organización criminal”, aseguró el experto en temas de seguridad.
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