El 11 de agosto, Venezuela presentó su Dúplica en el proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en respuesta a la demanda interpuesta por Guyana el 29 de marzo de 2018, relativa a la validez o nulidad del laudo arbitral de París del 3 de octubre de 1899, así como a los argumentos expuestos en su Memoria y Réplica. Este contexto de disputa territorial evidencia no solo un conflicto de carácter político-jurídico, sino también la necesidad prioritaria de atender la situación de las comunidades indígenas asentadas en dichas áreas, en particular la etnia akawao.
La situación de los akawaios, un grupo indígena que vive en la región de la Guyana Esequiba, es una de esas realidades que no podemos ignorar. Los akawaios enfrentan desafíos alarmantes que amenazan su cultura, territorio y bienestar.
Los akawaios son un grupo indígena que reside principalmente en Guyana, con presencia también en Venezuela y Brasil. Pertenecen a la familia lingüística caribe, y su idioma, el akawayo, es hablado por aproximadamente 5,000 a 6,000 personas. En Venezuela, los akawaios habitan mayormente en el estado Bolívar, donde algunos se identifican como ciudadanos venezolanos. Históricamente, realizaron un intento de declarar la independencia de la región de Rupununi, proclamándose ciudadanos venezolanos; dicho intento fue repelido, lo que llevó a su retorno y asentamiento en el estado Bolívar.
El akawayo, también llamado akawaio, acawayo, kapon, kapong o waicá, se habla sobre todo en la región del alto Mazaruni, sus afluentes, y al norte del Amazonas. Aunque muchos de los que hablan el idioma no viven en aldeas, hay centros poblacionales akawaio notables, como Kamarang, Jawalla, Waramadong y Kako. Sin embargo, el idioma enfrenta una grave amenaza: en algunas comunidades, se ha producido una pérdida del akawayo debido a la influencia del español, lo que representa una amenaza a su identidad cultural.
La situación actual de los akawaios no puede ser considerada aislada; se enmarca dentro de un contexto de violaciones a derechos humanos que son inaceptables bajo el derecho internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU han señalado que los Estados tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a la tierra, la consulta previa y la participación en decisiones que afectan sus vidas. Guyana, al no garantizar estos derechos, incurre en una responsabilidad internacional por las violaciones cometidas contra los akawaios.
Es relevante señalar que existen antecedentes de condenas a Estados por violaciones a los derechos humanos de comunidades indígenas, lo cual pone de manifiesto la gravedad de la situación en Guyana respecto a los akawaios. Por ejemplo, en el caso de los Guaraní en Brasil, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó al Estado brasileño en 2016 por vulnerar los derechos de los pueblos indígenas Guaraní Kaiowá, quienes han enfrentado desalojos forzados y falta de reconocimiento de sus territorios ancestrales. La Corte ordenó al Estado garantizar el acceso a la tierra y a un entorno saludable, aspectos que guardan relación con la situación de los akawaios. Asimismo, en el caso de la comunidad Saramaka en Surinam, en 2007 la Corte Interamericana emitió una sentencia contra dicho Estado por la explotación de recursos en tierras indígenas sin el consentimiento de la comunidad Saramaka, destacando la obligación estatal de garantizar el derecho a consulta previa y la protección de sus territorios, principios aplicables también al contexto de los akawaios en Guyana.
La responsabilidad de Guyana es indiscutible. El gobierno guyanés ha hecho algunas promesas de proteger a los pueblos indígenas, pero la realidad es que esas promesas han quedado en palabras vacías. A pesar de contar con leyes que reconocen sus derechos, menos del 5% del territorio akawao está formalmente titulado. Esto deja a las comunidades vulnerables ante la invasión de sus tierras por intereses extractivistas.
Guyana tiene la responsabilidad internacional de proteger a los akawaios y garantizar sus derechos conforme a los estándares del derecho internacional. La falta de acción y las omisiones en el cumplimiento de sus obligaciones están generando un daño irreparable a la cultura y el modo de vida de este pueblo indígena.
Es hora de que Venezuela se convierta en un defensor de los derechos de este pueblo indígena y exija a Guyana que cumpla con su deber de protegerlos, respetando los estándares internacionales de derechos humanos. La falta de acción de Guyana no solo es una violación de los derechos de los akawaios, sino que también plantea serias implicaciones en términos de responsabilidad internacional. Los akawaios son parte de nuestra familia venezolana, y su bienestar es fundamental para construir un futuro más justo y equitativo. Esto incluye el reconocimiento formal de sus territorios y la implementación de políticas que aseguren el acceso a servicios básicos como educación y salud.
Los akawaios merecen un futuro en el que puedan vivir con dignidad y respeto, preservando su identidad y tradiciones.