Familiares de los detenidos arbitrariamente en el contexto de las manifestaciones poselectorales de julio de 2024, que se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de Aragua, en Tocorón, expresan su preocupación al Observatorio Venezolano de Prisiones luego del traslado de 58 privados de libertad a otra área del penal que los mantiene aislados del resto de la población desde hace una semana.
Tanto los parientes como los presos desconocen por qué fueron movidos a otra zona de la cárcel de Tocorón. Además alegan que les prohíben la comunicación con otros detenidos poselectorales y que esto puede ocasionar un castigo.
Los familiares también se sienten preocupados por la salud mental de las personas que siguen detenidas en Tocorón ya que los procesos judiciales no avanzan ni tienen respuestas concretas de los defensores públicos impuestos o de los fiscales.
Desde las recientes excarcelaciones, tras el canje entre EE. UU. y el régimen de Nicolás Maduro, se incrementó la zozobra por desconocer cuándo podrán obtener su libertad.
El fiscal de la República y el defensor del pueblo son cómplices de las violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el contexto poselectoral. Aún siguen personas tras las rejas de manera arbitraria y estos funcionarios no ordenan una investigación exhaustiva, al contrario, ponen pañitos de agua tibia en las reuniones con los familiares.
El régimen de Maduro es el único responsable de la salud física y mental de las personas privadas de libertad. Los familiares hacen esfuerzos para encontrar dinero y poder llevarle la paquetería a los detenidos, también para pagar las habitaciones cercanas a los penales (a donde se han tenido que mudar porque muchos parientes viven en otros estados) o para costear el pasaje hasta la cárcel de Tocorón. Muchas madres, hermanas o esposas han perdido sus empleos por esta situación,
Reiteramos nuestra exigencia de libertad sin restricciones para los presos políticos. Habrá justicia.
Nota de prensa