La muerte del senador Miguel Uribe Turbay, opositor firme a la modificación de la Constitución propuesta por el presidente Gustavo Petro, no es un hecho aislado. Es un golpe al corazón de la democracia colombiana y un llamado urgente a reflexionar sobre el rumbo que está tomando el país.
En los días previos a su asesinato, Uribe Turbay fue claro: no apoyaría un proyecto que, a su juicio, ponía en riesgo los equilibrios constitucionales y abría la puerta a la concentración de poder. Su voz, junto a la de otros senadores opositores, no solo incomodó políticamente al Ejecutivo, sino que, según múltiples denuncias, habría sido blanco de advertencias y amenazas veladas desde las más altas esferas.
En este contexto, vale recordar lo que dice el Artículo 18 del Código Penal colombiano:
“La apología es la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor.”
Cuando desde el poder se normaliza la intimidación o se utilizan discursos que enaltecen a quienes actúan al margen de la ley, no solo se incurre en una falta ética grave, sino también en un presunto delito. Las palabras de un presidente, por su investidura, tienen un peso político y simbólico que puede convertirse en un arma peligrosa contra quienes piensan distinto.
En su funeral, el padre del senador, Miguel Uribe Londoño, pronunció un discurso conmovedor, responsabilizando a la violencia que desde hace décadas ha cooptado la vida política del país. En respuesta, el presidente Petro optó por publicar en redes sociales estadísticas de homicidios, como si el dato numérico pudiera atenuar la indignación moral y política que este crimen provoca.
Hoy, el Congreso de la República, la justicia, las Fuerzas Militares y, sobre todo, los ciudadanos —donde reside el verdadero poder soberano— tienen la obligación de actuar. No se trata solo de investigar y sancionar a los responsables materiales, sino de garantizar que ningún líder político, desde la cúspide del poder, utilice su posición para amedrentar, justificar o encubrir la violencia contra la oposición.
La democracia no se defiende con discursos que dividen ni con silencios cómplices. Se defiende con la aplicación estricta de la Ley, con la protección de la disidencia política y con el compromiso firme de que en Colombia nadie será perseguido ni silenciado por pensar distinto.
La historia juzgará a esta generación por lo que haga —o deje de hacer— ante este atentado contra la democracia. Y la justicia, si es realmente independiente, debe recordar que no hay investidura que pueda estar por encima del mandato constitucional y de la vida humana.