Editorial de El Tiempo: El cerco a Maduro

El despliegue militar más grande de Estados Unidos en el Caribe desde la invasión a Panamá ha generado comprensible revuelo en la región. Y no es para menos: la llegada de portaaviones, destructores, submarinos y miles de efectivos, los bien recordados marines, ha pasado de ser un ejercicio de lucha contra el narcotráfico a convertirse en un instrumento, para muchos evidente, de presión sobre la dictadura de Nicolás Maduro. Tanto así que, apenas horas después de que se completó el despliegue militar, el régimen venezolano liberó a 13 presos políticos, un gesto que difícilmente puede interpretarse como casualidad.

Como era de esperarse, el despliegue ha desatado especulaciones de todo tipo. Los interrogantes van desde si este es el paso previo a una acción militar directa hasta si se trata de un nuevo capítulo de la estrategia de “máxima presión” de Trump –ahora reforzada por un músculo bélico de proporciones históricas–, pasando por la incógnita de si es apenas una demostración de fuerza para obligar a Maduro a ceder sin que se dispare un solo misil. Y por ceder se entiende también acceso a petróleo. Lo cierto es que la presión sobre la dictadura venezolana es hoy más evidente que nunca y que lo ideal sería que este movimiento precipitara una dimisión que libere al pueblo venezolano de la opresión de un sistema que ha desangrado al país, arrasado con su economía y expulsado a más de siete millones de ciudadanos al exilio.

Dicho lo anterior, persiste una pregunta crucial: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Donald Trump? Las declaraciones de su gobierno han sido explícitas al catalogar a Maduro como un “narcoterrorista” y al declarar al cartel de los Soles –con vínculos documentados con las disidencias de las Farc y con el Eln– como una organización terrorista extranjera. Y este cambio de estatus no es un detalle menor: reconfigura el tablero geopolítico y sobre todo obliga a países como Colombia a revisar con lupa sus propios pasos.

En este orden de ideas, la zona binacional con Venezuela que el gobierno de Gustavo Petro presentó como un mecanismo de cooperación económica y social –y que ya era objeto de controversia– con este nuevo contexto se vuelve todavía más problemática. Por eso, el Ejecutivo colombiano ha salido a aclarar que dicha zona no tendrá fines militares. Sin embargo, las dudas persisten, y no han sido disipadas del todo respecto de cómo podría operar en otros ámbitos. El riesgo de que Colombia termine apareciendo como un aliado incondicional de Maduro es real y altamente inconveniente en momentos en que el dictador enfrenta una presión internacional sin precedentes y cuando su reinado, cimentado en elecciones fraudulentas y en el uso de la fuerza, comienza a tambalear.