El pasado 8 de julio, el cantante venezolano de 27 años Claudio David Balcane, más conocido como Davicito, ganó su caso de asilo luego de haber sido violentamente arrestado a principios de abril a las afueras de su domicilio en Chicago y recluido en el centro de detención Dodge en Wisconsin. Como en el caso de tantos otros inmigrantes arrestados, las autoridades usaron como evidencia en su contra los tatuajes que luce en distintas partes de su cuerpo para vincularlo con la banda criminal Tren de Aragua. Su participación en el exitoso tema Donaltron —un pegajoso dembow en el que canta junto a LuxorMaster y Junior Caldera, y cuestiona en clave de humor las políticas migratorias del republicano— también le valió burlas y amenazas de deportación por parte de los agentes del ICE.
Por El País
“¡Bienvenido a Estados Unidos, espero que haga las cosas bien en este país!”, fueron las palabras de la jueza de inmigración que aprobó su asilo en una audiencia que se prolongó por tres horas y 20 minutos. La magistrada le informó al artista que estaría 30 días más detenido porque la fiscal se había reservado el derecho a apelar. El tiempo transcurrió y ningún recurso fue introducido, así que el 8 de agosto estaba listo para quedar en libertad, pero el 22 de agosto el Gobierno presentó una moción en el caso con la firme intención de que la jueza lo reabra, alegando que esta se apresuró en dar un veredicto cuando la investigación no había terminado.
“No sé si es mi apariencia, mis tatuajes, la verdad no sé. Siento que estoy demasiado limpio para ser verdad. Nunca he sido delincuente en mi país ni en ninguno otro. Ellos creen que mi apariencia no va con mi récord policial e insisten en que pueden encontrar algo en mi contra para que revoquen mi asilo y puedan deportarme (…) Aquí no quieren que pelees tu caso. Lo que buscan es quebrarte mentalmente para que firmes tu salida voluntaria y te vayas”, declara Davicito en videollamada con EL PAÍS desde la penitenciaria Dodge de Wisconsin.
El 8 de agosto ocurriría un hecho clave para entender lo que vino después. Dos funcionarios de inmigración acudieron al centro de detención para hacerle un interrogatorio, que en apariencia no tenía que ver con su caso. “Me engañaron. Pensé que si les cooperaba, saldría ese día, pero no fue así. Me preguntaron cómo trabajaban los coyotes en las fronteras de los países por donde pasé. También si había visto trata de personas en el camino, si conocía a individuos que cocinaran drogas, o chicas que estuvieran pagando el viaje hasta Estados Unidos con su cuerpo. En todo momento les dije la verdad. Nunca he estado relacionado con cosas negativas. No me inventé nada, les colaboré hasta donde pude”, revela.
Los agentes también indagaron en su historia personal y trataron de obtener información sobre su hijo y su familia. Por último, le consultaron si tenía videos de su travesía hacia el Norte. “Les dije que sí, y firmé una autorización para que revisaran mi celular. Allí no hay nada negativo, nada criminal que me vincule con ninguna banda”, afirma el cantante que está próximo a cumplir los 180 días privado de su libertad y enfrenta una etapa de incertidumbre tras la moción introducida por el Gobierno.
EL PAÍS contactó a la nueva representación legal del artista, la abogada Michelle Lenze del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, pero esta respondió que no puede suministrar información sobre su defensa en este momento. El venezolano rompió con los que hasta el mes de julio fueron sus abogados del bufete Consumer Law Group de Chicago tras sentirse “abandonado” por ellos durante uno de los momentos más críticos de su caso.
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