La decisión de un tribunal de apelaciones de echar por tierra los aranceles globales que ha impuesto la Administración de Donald Trump es todo un golpe por debajo de la línea de flotación para el líder estadounidense. La orden judicial no solo dinamita la base de su política económica y comercial, basada en que las tasas a los productos extranjeros pagarían el galopante déficit y los recortes de impuestos. Además, ataca el principio que ha guiado al republicano desde su regreso a la Casa Blanca: que como presidente puede “hacer lo que quiera” —una frase que repite con frecuencia— y atribuirse poderes interpretando las leyes según le convenga.
Por El País
El dictamen del tribunal llegó en un momento pensado para reducir, en la medida de lo posible, su impacto. Lo anunció una vez cerrados los mercados el viernes y con un largo fin de semana por delante: el lunes es festivo en Estados Unidos, algo que da un poco más de tiempo a las partes para decidir cómo reaccionar ante el bombazo y cuál es el alcance de esta carga de profundidad que puede costar a Washington billones de dólares. De momento, los aranceles se mantienen en pie hasta el 14 de octubre, para dar tiempo a las partes a apelar ante el Supremo si lo desean. Y los jueces de apelación han enviado de vuelta el caso a un tribunal inferior, la Corte de Comercio Internacional en Nueva York, para que decida si el dictamen debe aplicarse a todos los afectados o solo al grupo de empresarios y Estados demócratas que presentaron la demanda que ha precipitado esta sentencia.
El Gobierno ahora puede optar por esperar a ver el resultado de las deliberaciones en el tribunal inferior, o acudir directamente al Supremo, cuya mayoría conservadora (seis de nueve jueces) suele apoyar las tesis de este presidente.
Que Trump —cuya política comercial ha sacudido los mercados financieros y desatado la incertidumbre de empresarios y consumidores sobre posibles subidas de precios y perspectivas económicas— reaccionara casi de inmediato en sus redes sociales, con la advertencia de que si el dictamen se aplica, “literalmente destruirá a los Estados Unidos” deja claro lo grave que considera el revés. El presidente, que pese a todo mantenía sus planes de ocio y acudía este sábado a jugar al golf a su club privado en el norte de Virginia, ha apuntado que piensa optar por la vía de la apelación ante el Supremo contra lo que considera un dictamen de un tribunal ideologizado.
El dictamen, aprobado por una mayoría de siete jueces contra cuatro, mantiene la decisión de una instancia inferior, el Tribunal de Comercio de Estados Unidos, que en mayo había encontrado que Trump se excedió en sus competencias al aplicar aranceles invocando una ley de 1977, la conocida como Ley de Poderes Económicos en Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés). Ni la corte inferior ni el tribunal de apelaciones encuentran que esa ley le conceda la potestad de imponer gravámenes de ningún tipo, una prerrogativa que solo corresponde al Congreso de Estados Unidos. Y que el Legislativo no le ha traspasado al jefe de Estado.
“Concluimos que el Congreso… no entregó al presidente una amplia autoridad para imponer aranceles” del tipo que Trump ha impuesto sobre el resto de países del mundo, de un mínimo del 10%, explican los jueces, que indican que en ningún artículo de la IEEPA han visto ninguna alusión a las palabras “aranceles”, “impuestos”, o “gravámenes”.
Lea más en El País