La Audiencia de Barcelona ordenó a la jueza que investiga el espionaje con el software Pegasus a los celulares de dos diputados independentistas catalanes que cite a declarar como imputados (investigados) a tres directivos del grupo NSO, la empresa israelí que comercializa el software malicioso Pegasus.
En una rueda de prensa en el Parlamento regional de Cataluña, los dos diputados presuntamente espiados, Josep Maria Jové y Diana Riba, acompañados de un portavoz de su partido, ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), anunciaron este miércoles las nuevas imputaciones.
Hasta el momento, ningún directivo de NSO declaró como investigado en las múltiples causas abiertas en juzgados de Barcelona por el caso del espionaje masivo al independentismo catalán durante el proceso secesionista en Cataluña que destapó el laboratorio canadiense CitizenLab, sin que las comisiones rogatorias remitidas por la justicia a Israel hayan dado resultado.
En su resolución, a la que tuvo acceso EFE, la Audiencia estima el recurso de los querellados y ordena a la juez que cite como investigados a los directivos de NSO y de su propietaria OSY Techonologies como en su día hizo con la exdirectora del organismo de inteligencia español (CNI) Paz Esteban, quien el pasado lunes compareció como imputada por el espionaje a Jové y Riba.
En su auto, el tribunal se remite a las resoluciones que otras secciones de la Audiencia han adoptado en relación con la imputación de los directivos de NSO en el caso Pegasus y concluye que es «del todo lógico» ampliar la investigación a las personas que «puedan estar detrás» de las decisiones adoptadas por la empresa israelí.
En contra del criterio de la Fiscalía, que consideraba no delictiva la conducta de los fundadores o directivos de la empresa tecnológica, la Audiencia insta a la jueza a investigar a los responsables de NOS y de OSY Techonologies, que ya estaba imputada en esta causa como persona jurídica, y a expedir órdenes de cooperación europeas para comunicarles su imputación.
Los diputados de ERC exigieron hoy al Gobierno que desclasifique la documentación relativa al caso y que «deje de haber obstáculos para saber quién y por qué decidió perpetrar estos espionajes y qué se descubrió».
Para Jové, estas imputaciones son «un paso muy importante para que el (conocido como) caso del Catalangate se pueda internacionalizar de manera definitiva».
En abril de 2022, un informe del Citizen Lab, desvelado por The New Yorker, reveló el supuesto espionaje de más de 60 personas relacionadas con el independentismo catalán con el programa israelí Pegasus, lo que provocó entonces una tormenta política y derivó en múltiples denuncias por parte de políticos catalanes presuntamente espiados.
Esta herramienta de ciberespionaje infecta dispositivos móviles y es capaz de usarlos como micrófonos, de grabar vídeos, leer mensajes o modificar archivos almacenados. EFE