Desde hace más de dos años, el Programa de Organización Ciudadana (POC) ha venido trabajando silenciosa y sistemáticamente en la preparación del país para el momento que hoy vive: la transición política y constitucional hacia la democracia. Siempre recuerdo la primera reunión con la líder María Corina Machado y mi hermano de vida, el colega Henry Alviárez, hoy secuestrado por la dictadura, donde se impartían las directrices para un poderoso movimiento social. Lo que comenzó como un espacio de formación y articulación social, se ha convertido en una verdadera plataforma nacional de liderazgo ciudadano, que participa en la discusión, diseño y ejecución del plan “Venezuela Tierra de Gracia”, instrumento que orienta la reconstrucción institucional del país.
Este esfuerzo no es improvisado. Surge del convencimiento de que la transición democrática debe construirse en sintonía entre el poder político y la ciudadanía organizada, capaz de asumir tareas concretas en cada sector del país. Bajo este principio, el POC ha coordinado cientos de líderes sociales en todo el territorio nacional, vinculados a las áreas de justicia, educación, agroalimentario, salud, seguridad, economía, jubilados, transporte, vecinos, cultura, infraestructura y servicios públicos, entre otros.
El pasado 4 de octubre, casi un centenar de especialistas de distintas disciplinas, se reunieron para definir las acciones prioritarias para las primeras 100 horas y 100 días del nuevo gobierno de cara a la transición. En ese encuentro, el Diputado electo en el 2015 y periodista, Omar González Moreno, destacó la misión de los líderes sociales en esta etapa histórica: organizar la participación ciudadana en todos los niveles, con orden, unidad y estrategia, siguiendo las pautas del liderazgo de María Corina Machado y del presidente electo Edmundo González Urrutia.
Ambos líderes han sido claros: estamos preparados para asumir el control territorial e institucional del país. La transición no será un salto al vacío, sino un proceso ordenado, con base constitucional y prioridad en el ciudadano. El compromiso es restablecer la legalidad, garantizar la paz y recuperar la confianza nacional e internacional en las instituciones del Estado.
Entre las múltiples áreas que requieren acción inmediata, el sector justicia ocupa un lugar central. Venezuela no podrá reconstruirse sin un Estado de Derecho sólido, capaz de garantizar seguridad jurídica, independencia judicial y confianza en las instituciones. Por eso, numerosos líderes de la abogacía organizada —colegios de abogados, profesores universitarios, funcionarios democráticos y juristas— han coincidido en la necesidad de declarar la emergencia judicial nacional.
Durante más de dos décadas, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro destruyó el sistema de justicia y lo transformó en un instrumento de persecución y terrorismo de Estado. La justicia venezolana, lejos de proteger los derechos de los ciudadanos, se convirtió en la herramienta más eficiente para la represión, la extorsión y el chantaje. Jueces, fiscales y funcionarios públicos fueron sometidos al control político del Ejecutivo, mientras las leyes y tribunales se utilizaron para criminalizar la disidencia, violar el debido proceso y legalizar la corrupción.
La transición democrática exige desmontar ese aparato. Por ello, el POC ha propuesto —como primera medida— la creación del Consejo de Defensa de la Nación para coordinar el Plan Nacional de Justicia y Seguridad Jurídica, con tres ejes inmediatos:
El saneamiento del Sistema de Registro y Notaria.
En el marco de los tres ejes del Plan Nacional de Justicia y Seguridad jurídica,
Los usuarios y abogados que acuden a estos servicios enfrentan diariamente una maquinaria de chantaje institucionalizada. Los funcionarios exigen pagos ilegales —en muchos casos, superiores al 300% del costo real del trámite—, y quienes se niegan a pagar son objeto de retrasos, devoluciones o la pérdida total de sus documentos. Los cobros se realizan en efectivo, sin recibos oficiales, y en muchos casos con la complicidad de jefaturas regionales del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).
El daño no es solo económico. Es estructural y moral: la corrupción en los registros destruye la seguridad jurídica y bloquea el derecho de propiedad, afectando tanto al ciudadano común como al emprendedor o al pequeño comerciante.
El régimen también utilizó este sistema para controlar la organización social y política. A través de una Ley fraudulenta de Fiscalización y Regularización de ONG, impuso trabas a las asociaciones civiles y fundaciones, exigiendo requisitos arbitrarios para su inscripción y financiamiento, con el objetivo de neutralizar a la sociedad civil y etiquetar a las organizaciones no gubernamentales como “enemigos del Estado”.
Ante esta realidad, el POC impulsa la creación de un Comité Nacional de Reestructuración del Sistema de Registro y Notaría, cuya misión será:
Las notarías y registros públicos deben volver a ser lo que la Constitución ordena: guardianes de la fe pública y garantes del derecho de propiedad, pilares del desarrollo económico y social.
Derogación de las leyes del terrorismo de Estado.
Otro frente urgente identificado por los equipos del POC es el marco legal represivo que el régimen ha utilizado para sostener el terrorismo de Estado. La dictadura transformó el sistema jurídico en un escudo para la impunidad de sus crímenes y en un arma contra la disidencia.
Por eso, el POC propone presentar ante la Asamblea Nacional legítima 2015 una propuesta para Abrogación del Marco Legal del Terrorismo de Estado, con la finalidad de eliminar:
Estas derogaciones no son simples actos simbólicos. Su efecto inmediato será desmontar el aparato jurídico de persecución, restablecer la seguridad jurídica, proteger la propiedad privada y comenzar la reconstrucción de la confianza nacional e internacional en las instituciones de justicia venezolanas.
Ciudadanos al servicio de la República.
El desafío de la transición no se limita a las instituciones. Implica una tarea moral y cívica: reconstruir el pacto ciudadano y devolverle al venezolano la certeza de que la ley protege, no castiga. Por eso, el trabajo del Programa de Organización Ciudadana ha sido y seguirá siendo el de formar a los ciudadanos como protagonistas del cambio, no como espectadores.
Cada grupo de trabajo, cada comité profesional, cada colegio de abogados o federación gremial que se sume a esta cruzada, representa un paso hacia la Venezuela posible: una nación donde las instituciones sirvan al ciudadano y no al poder; donde la justicia sea un derecho, no un privilegio; donde la fe pública y la ley vuelvan a ser sinónimos de confianza.
El POC asume, junto a los líderes sociales y profesionales del país, la responsabilidad histórica de acompañar a la presidencia de Edmundo González Urrutia y a la vicepresidencia de María Corina Machado en esta nueva etapa. La reconstrucción de Venezuela empieza desde abajo, desde el ciudadano consciente y organizado.
Porque la transición empieza contigo, con tu palabra, tu oficio, tu compromiso y tu ejemplo. Y, sobre todo, con la decisión colectiva de nunca más permitir que la justicia sea cómplice de la injusticia.
Rafael Veloz García. Expreside