El reciente despliegue del Grupo de Batalla N.°12 del portaaviones del USS Gerald R. Ford (CVN-78) al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM) ha encendido las alarmas en América Latina, especialmente en Venezuela y sus países vecinos. Esta maniobra, que el Pentágono justifica como parte de una ofensiva contra el narcotráfico, se produce en un contexto de creciente tensión con el gobierno de Nicolás Maduro y revive los temores de una intervención militar directa en la región.
Por Defensa
El USS Gerald R. Ford (CVN-78), el portaaviones más avanzado del mundo, navega hacía el Caribe sur escoltado por 4 destructores clase Arleigh Burke del Escuadrón de Destructores 2 “Second to None”, el Ala Aérea Embarcada 8 (Carrier Air Wing 8/CVW-8) formada por aviones cazabombarderos Boeing F/A-18E/F Super Hornet, combate electrónico Boeing EA-18G Growler, alerta temprana Grumman E-2D Hawkeye, apoyo logístico Grumman C-2A Greyhound y helicópteros Sikorsky MH-60S/R Sea Hawk/Knighthawk, que unirán fuerzas con los cazas de combate Lockheed Martin F-35B Lightning II del VMFA-225 y McDonnell Douglas AV-8B Harrier II del VMA-223 del Cuerpo de Marines, aeronaves de patrulla Boeing P-8A Poseidon y drones armados MQ-9A Reaper, todos operando desde bases estratégicas en el Caribe, incluyendo Puerto Rico, Curazao y Trinidad y Tobago. Según el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, la misión tiene como objetivo “desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCOs) y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la Patria”.
Movimientos logísticos en el Caribe
Sin embargo, la narrativa oficial contrasta con los hechos sobre el terreno, y es que en las últimas semanas, las fuerzas militares estadounidenses han destruido al menos una decena de embarcaciones en aguas internacionales, presuntamente utilizadas para el tráfico de drogas. En uno de los incidentes más recientes, una lancha supuestamente operada por el grupo criminal venezolano Tren de Aragua fue hundida, resultando en la muerte de seis personas. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, fue tajante en un tweet en la red social X: “Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos igual que a Al Qaeda”.
Este endurecimiento de la postura de la Casa Blanca se complementa con una serie de movimientos logísticos en el Caribe. En Puerto Rico, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. (US Army) y los Seabees de la Armada (US Navy) han intensificado los trabajos de remoción y reacondicionamiento en instalaciones militares clave, entre ellas, el Centro de Entrenamiento Militar de la Guardia Nacional de Puerto Rico y la antigua Estación Naval Roosevelt Roads, cerrada en 2004, que ahora parece revivir como punto estratégico y logístico. En el Aeropuerto José Aponte de la Torre, también en Puerto Rico, se ha comenzado a instalar un sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS), lo que sugiere una preparación para operaciones aéreas más complejas y frecuentes.
En las Islas Vírgenes Estadounidenses, el Aeropuerto Internacional Henry E. Rohlsen en St. Croix ha sido equipado con un radar táctico de defensa aérea AN/TPS-75, y desde allí operan aviones cisterna KC-135 Stratotanker y KC-46A Pegasus y de carga C-130H/J Hercules y C-17A Globemaster III de la Fuerza Aérea de EE. UU. (USAF), esenciales para el reabastecimiento en vuelo de aeronaves de combate y de operaciones logísticas más complejas. Estas acciones, lejos de ser meras medidas logísticas, apuntan a una consolidación de capacidades militares del SOUTHCOM en el Caribe, con un claro enfoque en la proyección de poder.
Frente a este panorama, el régimen de Venezuela ha respondido con ejercicios militares en sus costas y el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en lo que el presidente Nicolás Maduro ha calificado como una defensa ante una posible agresión extranjera. La narrativa oficial venezolana insiste en que Estados Unidos busca un cambio de régimen, una acusación que, aunque negada por el presidente Trump, se ve reforzada por las acciones encubiertas de la CIA y las recompensas multimillonarias ofrecidas por la captura de altos funcionarios del chavismo.
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