La Defensoría Pública de Río de Janeiro solicitó este jueves 30 de octubre al Tribunal Supremo, que dé acceso a sus peritos para participar en las autopsias de los más de 121 fallecidos en la operación policial del pasado martes 28 de octubre en Río de Janeiro, por temor a que no sean «imparciales».
El organismo público, que ha brindado asistencia legal a 106 familiares de los fallecidos, asegura que con su petición pretende contribuir a una investigación «transparente» de los hechos.
En una petición dirigida al Supremo, la Defensoría afirma que la respuesta de las autoridades de Río de Janeiro «suscitan un temor concreto en cuanto a la imparcialidad y la consiguiente fiabilidad de los peritajes realizados en los cadáveres de las víctimas».
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La Defensoría ha cifrado en 132 el número de víctimas mortales en la acción policial, mientras que el Gobierno de Río solo ha reconocido 121, incluyendo cuatro policías.
La macrooperación policial, que movilizó a 2.500 agentes, tenía como objetivo combatir al Comando Vermelho, una de las mayores bandas de narcotraficantes de Brasil.
El gobernador de Río, Cláudio Castro, ha aplaudido la intervención y la ha calificado como un «éxito», mientras que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha respondido con cautela adelantando que valorará si se cumplió el respeto a las reglas del Estado democrático de derecho.
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El caso ha generado una fuerte polémica en Brasil y ha llevado a la ONU y a organismos de defensa de derechos humanos a pedir investigaciones independientes.
EFE