Las recientes alzas en las tarifas de los servicios públicos aplicadas a las empresas privadas han generado creciente preocupación en el sector empresarial. Según diversas cámaras y asociaciones, estos incrementos sostenidos están elevando significativamente los costos operativos, lo que termina por trasladarse al precio final que debe pagar el consumidor.
Se estima que los artículos y servicios de consumo reflejan actualmente entre un 20% y un 30% de incremento, derivado de los mayores cargos por servicios como aseo urbano, agua, electricidad, agua, gas y gasoil; así como de los recargos asociados a retrasos en los pagos.
De acuerdo con analistas económicos, el aumento de la informalidad laboral y comercial estaría estrechamente relacionado con estos costos crecientes. En algunos casos, las tarifas de los servicios públicos se han multiplicado por diez o más en los últimos tres años, tal como se evidencia en los recibos emitidos por las empresas prestadoras del servicio o por las alcaldías cuando son las responsables directas de su gestión.
Por otra parte, la capacidad de consumo de la población no muestra un crecimiento sostenido y, por el contrario, se ve afectada por la persistente inflación. Esta situación limita a las empresas a ajustar sus precios al nivel real de sus costos, colocándolas en escenarios de pérdidas operativas o de equilibrio precario, lo que amenaza su sostenibilidad.
En consecuencia, muchas compañías enfrentan dificultades para mantener sus operaciones, crecer, generar nuevos empleos y mejorar los salarios, afectando así el dinamismo económico general.
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.