El mundo ha estado durante semanas pendiente de si Estados Unidos escalará su ofensiva antidrogas en el Caribe hasta convertirla en una intervención directa destinada a derrocar al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Esa posibilidad ha generado un intenso debate sobre la conveniencia y las posibles consecuencias que podría traer aparejada una acción de ese tipo.
Por Mike LaSusa | InSight Crime
El despliegue militar comenzó a finales de agosto, cuando buques de guerra de EE. UU. fueron enviados a patrullar aguas internacionales cerca de la costa venezolana, supuestamente para interrumpir el tráfico de drogas. En septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses empezaron a realizar ataques aéreos contra embarcaciones pequeñas que salían de Venezuela y Colombia, una táctica que ahora se emplea tanto en el Caribe como en el Pacífico.
El gobierno del presidente Donald Trump no ha clarificado si su objetivo final es sacar a Maduro del poder, aunque informes de prensa confiables indican que altos funcionarios han discutido seriamente esa posibilidad.
Algunos expertos y analistas sostienen que sacar a Maduro por la fuerza es la única manera de restaurar la democracia en Venezuela y poner fin al Estado criminal híbrido que ha establecido, donde grupos armados ilegales actúan como aliados del Estado y redes de crimen organizado operan dentro de las instituciones.
Otros responden que una intervención podría empeorar una situación ya crítica, desestabilizar un panorama criminal relativamente estable y complicar la reconstrucción de la gobernanza por parte de instituciones legítimas.
El argumento a favor de una intervención
Quienes apoyan una intervención sostienen que el gobierno de Maduro funciona, en esencia, como una organización criminal que se ha apoderado de Venezuela, y que los mecanismos no violentos han resultado insuficientes para enfrentar el problema.
“Se ha convertido en una enorme empresa criminal que ha utilizado el poder del Estado para someter a toda una sociedad”, dijo Pedro Burelli, activista y consultor venezolano. “O los captores obtienen lo que quieren… o alguien con mucha más fuerza que ellos interviene y pone fin a esto”.
La administración Trump ha acusado a Maduro de encabezar el denominado Cartel de los Soles, que recientemente incluyó en su lista de organizaciones terroristas, describiéndolo como una organización criminal centralizada que apoya al Cartel de Sinaloa de México y a la banda venezolana Tren de Aragua, ambos también designados como grupos terroristas por Estados Unidos.
Sin embargo, el Cartel de los Soles no es un grupo criminal jerárquico, sino un complejo entramado de redes de corrupción mediante las cuales miembros de las Fuerzas Armadas y actores políticos obtienen ganancias del tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Más que liderar una organización, Maduro facilita estos arreglos para asegurar la lealtad de quienes participan en ellos.
El gobierno de Maduro ofrece poco respaldo tanto al Cartel de Sinaloa como al Tren de Aragua. Los traficantes mexicanos parecen retirarse de algunas zonas de Venezuela, mientras las autoridades venezolanas han asestado golpes importantes al Tren de Aragua en los dos últimos años, incluida su expulsión de su bastión y centro de operaciones en la cárcel de Tocorón.
Aun así, existe un consenso casi unánime de que Maduro supervisa y permite un amplio espectro de actividades criminales en Venezuela, y que su permanencia en el poder garantiza la continuidad de ese sistema.
Ha recurrido a alianzas con actores criminales para reprimir protestas pacíficas y manipular elecciones con el fin de consolidar su control. Funcionarios venezolanos también han evadido sanciones internacionales mediante el uso de criptomonedas y la corrupción.
“Existen autocracias que tienen una naturaleza no reformable”, señaló Paola Bautista, activista y académica venezolana. “Todos los demás caminos se han transitado y no han tenido efecto”.
Riesgo de un efecto contraproducente
Otros expertos advierten que una escalada podría desencadenar un conflicto abierto y de múltiples frentes que involucraría a una variedad de actores armados no estatales con amplio poder.
Derrocar a Maduro por la fuerza podría generar un vacío de poder y abrir la puerta para que sus aliados criminales —como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las organizaciones progubernamentales conocidas como colectivos— profundicen su control político y territorial.
Una transición completa hacia la democracia exigiría no solo derrotar a las Fuerzas Armadas de Venezuela, sino también retomar el control que hoy ejercen actores armados no estatales. Una operación monumental que sería similar a la experiencia de Estados Unidos en Irak en las décadas de 2000 y 2010, aunque sin las complejidades de las divisiones religiosas y étnicas.
“Me preocupa que no tengan ningún plan para el día después. Todo se está improvisando”, dijo Phil Gunson, analista del International Crisis Group radicado en Caracas.
Trump ha sugerido que su gobierno podría realizar ataques aéreos dentro de Venezuela contra la supuesta infraestructura de tráfico de drogas, similares a los que se llevan a cabo en aguas internacionales. Sin embargo, dado que Venezuela es principalmente un país de tránsito —donde los puntos de acopio y salida cambian constantemente y son extremadamente difíciles de identificar sin inteligencia en el terreno—, no está claro cuáles serían esos objetivos.