La semana posterior a la conversación telefónica sostenida entre el presidente Donald Trump y el líder chavista Nicolás Maduro, la política exterior de Estados Unidos reveló una estrategia de máxima presión que consolidó un cerco militar, diplomático y económico sobre Venezuela. La llamada, reportada por The New York Times, fue seguida inmediatamente por acciones de escalada, mientras que el aparato de propaganda de Miraflores mantuvo un completo silencio sobre el contacto.
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A nivel de sanciones, Washington procedió con la designación del Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera, a pesar del reciente diálogo. Simultáneamente, la presión militar se intensificó en el Caribe: República Dominicana autorizó a Estados Unidos el uso de dos de sus aeropuertos para operaciones contra los carteles, y EEUU comenzó la instalación de un radar en Trinidad y Tobago. Esta postura fue validada con la visita del secretario de Defensa, Pete Hegseth, al portaaviones USS Gerald R. Ford en la región.
La consecuencia más visible para el público venezolano fue el colapso de la conectividad aérea. Varias aerolíneas internacionales respondieron a las alertas de seguridad emitidas por autoridades de EEUU suspendiendo sus rutas, en un grupo que incluyó a Turkish Airlines, Avianca, Laser Airlines, Iberia, Latam, Plus Ultra y Air Europa. Este riesgo percibido a nivel internacional llevó a países como Alemania, Suiza, Francia y Polonia a emitir alertas, recomendando a sus ciudadanos no viajar a Venezuela.
La secuencia culminó con un ultimátum de Trump, quien advirtió que avanzará «por las buenas» o «por las malas» y anunció que, tras detener con éxito el narcotráfico marítimo, comenzarán a detener a los carteles venezolanos «por tierra muy pronto».
La serie de eventos dejó en evidencia que el canal diplomático no supuso una pausa en la ofensiva para forzar un cambio político en Caracas.