Washington apunta a las rutas del crudo hacia China y a una red financiera que, según documentación revisada por ABC, ha canalizado miles de millones hacia Irán, mientras el Congreso debate los límites al uso de la fuerza.
Por David Alandete | ABC.es
Donald Trump ha ordenado un cerco total a los petroleros venezolanos con el objetivo doble de asfixiar la principal fuente de financiación del régimen de Nicolás Maduro y cortar lo que la propia Casa Blanca describe como una red de «terrorismo, narcotráfico y corrupción» sostenida con ingresos del crudo. El presidente sostiene que Estados Unidos bloqueará y decomisará buques sancionados que entren o salgan de Venezuela, elevando la presión militar y judicial en el Caribe y trasladando el pulso con Caracas del terreno diplomático al de la coerción directa.
La relación con China es central en ese planteamiento. La mayor parte del petróleo venezolano se vende con descuento a refinerías chinas debido a las sanciones, y Washington entiende que ese flujo sostiene al régimen y, de forma indirecta, circuitos financieros opacos. El bloqueo apunta precisamente a esas rutas hacia China, donde operan muchos buques de la llamada «flota oscura», con el objetivo de cortar ingresos, reducir la capacidad de maniobra de Maduro y limitar el uso del petróleo venezolano como moneda política y financiera frente a EE.UU. y sus aliados.
En la Casa Blanca el cerco se presenta como una operación de «denegación de liquidez». No se trata solo de impedir que la petrolera estatal cobre, sino de dificultar que el crudo venezolano siga funcionando como activo explotado en mercados paralelos, con cambios de bandera, transbordos en alta mar y rutas diseñadas para diluir el origen. Esa lógica explica por qué la atención de Washington se centra ahora en los buques y en la logística, tanto como en los intermediarios. El petróleo, sostienen, financia al régimen chavista y su red de aliados.
Documentos publicados recientemente por ABC describen una estructura financiera creada por el poder venezolano para mover recursos fuera del control internacional. En esos dosieres se detalla un circuito en el que parte del dinero que entraba en Venezuela desde China terminaba beneficiando, de forma directa o indirecta, al aparato estatal iraní. Un informe citado en esa documentación estima en 7.821 millones de dólares (6.659 millones de euros) el volumen total de fondos canalizados hacia Irán por esa vía, incluyendo transferencias identificadas y desvíos asociados al llamado Fondo Chino-Venezolano.
La cifra no se apoya en una sola operación. El informe sostiene que parte de los recursos del Fondo Chino-Venezolano (FCCV) terminó en proyectos y circuitos vinculados a Teherán mediante esquemas de triangulación que incluyen programas de «fábricas socialistas», sobrecostes y servicios no prestados. Ese mismo documento incorpora una hipótesis conservadora: considerar desviado un 5% del total del FCCV, calculado sobre 62.631 millones de dólares (53.328 millones de euros), lo que arrojaría 3.132 millones de dólares (2.666 millones de euros) como tramo indirecto atribuible a esos flujos.
Para seguir leyendo ingrese AQUÍ