El colapso del sistema de agua es una de las mayores negaciones que sufren los venezolanos en la dignidad humana y un mecanismo de control ciudadano. El rescate hídrico es vital para materializar el Manifiesto de Libertad de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, porque sin servicios públicos básicos no hay activación ciudadana. En el caso del agua potable hablamos de algo más que una crisis de infraestructura, porque se trata de la máxima expresión de la tiranía sobre la cotidianidad del venezolano.
La escasez crónica de agua condena a millones de compatriotas a la enfermedad y a la improductividad, obligándolos a depender de fuentes inseguras o cisternas privadas, socavando su capacidad de vivir con el valor propio que les corresponde.
María Corina Machado ha sido enfática en su Manifiesto de Libertad: «La dignidad es el catalizador que elevará nuevamente los corazones y las mentes de los venezolanos». En sintonía con esta visión, el acceso al agua no es una dádiva, sino un Derecho Humano intrínseco, fundamental para la dignidad. Por ello, desde el Programa de Organización Ciudadana (POC) y del Frente Amplio Profesional Internacional, FAPI, se impulsa la iniciativa «Servicios Dignos para la Activación Ciudadana», hemos diagnosticado que el modelo político y de gestión centralizado y monopolista impuesto por el régimen es la causa fundamental de esta destrucción. La centralización en una única empresa estatal (HIDROVEN) eliminó la transparencia y transformó un servicio estratégico en una herramienta de control político. A ello se suma el desplazamiento del personal técnico calificado por cuadros políticos o militares, paralizando la capacidad operativa.
La tiranía del grifo seco.
El diagnóstico técnico es contundente y revela el colapso integral de la infraestructura hídrica nacional, pues Venezuela, a pesar de su riqueza hídrica, padece una crisis humanitaria en muchos órdenes, especialmente en el servicio de agua.
En un diagnóstico del sector, según la evaluación del equipo técnico del POC y FAPI, observamos lo siguiente:
Plantas en ruinas. Las instalaciones de potabilización del agua operan muy por debajo de su capacidad, comprometidas por la falta de mantenimiento, la obsolescencia tecnológica y la escasez crónica de insumos vitales como el cloro, lo que compromete gravemente la calidad del agua.
Pérdidas inaceptables. La red de distribución sufre pérdidas físicas y comerciales que superan el 50%, condenando a la población a una intermitencia extrema del servicio.
Negación de la ciudadanía. Cuando una familia debe dedicar horas de su día a buscar agua, su capacidad de ser ciudadano activo es anulada. El corte de agua es un ataque directo a su libertad, a su dignidad y al propósito de la vida.
Sin dignidad, no hay transición posible.
La propuesta del Programa de Organización Ciudadana, «Agua para la Libertad y la Dignidad», ha sido elaborada por un equipo de especialistas en la materia, que aún resisten en el país y la diáspora. Ya fue presentada a la consideración del Comando con Venezuela, por medio del colega Diputado 2015 Omar González Moreno y se sustenta en una premisa política ineludible: sin servicios públicos básicos no hay activación ciudadana. Si los ciudadanos están permanentemente dedicados a la supervivencia diaria, buscando agua, no pueden activar su potencial productivo, que es la base de una economía libre y competitiva. El rescate del sistema hídrico, no es solo una acción técnica, sino la base para restituir la dignidad humana. Esto requiere un cambio de modelo político y la aplicación inmediata de la visión de un Estado al servicio del ciudadano.
En el marco de la transición, para la ejecución del plan de contingencia para el Rescate del Sistema Hídrico Nacional en las primeras 100 horas y 100 días, se requiere de una estrategia clara para abordar el grave problema del servicio de agua en Venezuela. Este plan tiene su raíz en la visión del proyecto «Venezuela Tierra de Gracia» y exige acciones de alto impacto desde el primer momento de la transición. En las acciones inmediatas tenemos:
1. Aseguramiento de infraestructura crítica: toma de control en forma ordenada de las principales plantas de potabilización y estaciones de bombeo, en la Región Capital, Región Occidental, Región Central y Región Oriental, siendo una acción indispensable para estabilizar el flujo de agua de inmediato.
2. Reincorporación de profesionales y personal técnico de elevada experiencia, para declarar el fin de la politización y el inicio formal de la meritocracia.
3. Declaratoria de la Emergencia Hídrica: un acto formal que active de inmediato la asistencia humanitaria especializada y la cooperación técnica internacional.
Posteriormente, en los primeros 100 días, se debe iniciar el Plan de Arranque y Consolidación, que pauta lo siguiente:
1. Servicio mínimo garantizado: Implementación de una inversión financiada con fondos puentes para la reparación de equipos críticos e insumos, en búsqueda de restablecer un servicio a un mínimo de 12 horas continuas en las zonas más afectadas.
2. Nueva institucionalidad y transparencia. Se trata de la creación del ente regulador técnico e independiente y la promulgación del nuevo marco legal para la desmonopolización. Además, se anunciará la publicación del Censo Hídrico Nacional para garantizar la transparencia.
3. Atracción de Inversión. Marca el inicio de la Licitación Piloto de Alianzas Público-Privadas (APP) para la rehabilitación de las empresas de servicio de agua potable estratégicas, demostrando seriedad y transparencia al mundo.
El plan de rescate del agua, bajo la visión de Venezuela Tierra de Gracia, no solo busca llenar tuberías, sino llenar de dignidad la vida de cada ciudadano. El agua será la prueba de que el cambio ha llegado para darle a cada venezolano la vida que se ha ganado con su resistencia y valentía.
Rafael Veloz García. Expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); Abogado Constitucionalista; Diputado de la Asamblea Nacional 2015