A estas alturas del siglo XXI, luego de veintiséis años de la llamada “revolución bolivariana”, nadie duda de la grave catástrofe humanitaria generada por la camarilla roja. Llegaron al poder con la promesa de erradicar la corrupción y atender a los más pobres de nuestra sociedad, y han terminado demostrando, de forma indubitable, que este sector de la política venezolana ha sido el más corrompido, ineficiente y criminal que hayamos conocido en más de dos siglos de vida republicana.
En estos días de confrontación entre la cúpula usurpadora, la sociedad democrática venezolana y la comunidad internacional, ha quedado nuevamente en evidencia que el régimen ha utilizado la droga, el petróleo, el oro, el uranio y el coltán —así como nuestro propio territorio— para enriquecer a una camarilla militar y política que asaltó las distintas instancias del poder con fines exclusivamente personales.
El saqueo perpetrado por el chavomadurismo a las finanzas públicas y a las riquezas naturales del país no tiene parangón en ningún país civilizado del mundo. La enumeración de los mecanismos y casos mediante los cuales se enriquecieron los agentes del poder excede con creces los límites de un artículo de opinión. Basta revisar la lista de cuentas multimillonarias, hasta ahora descubiertas, en bancos europeos y norteamericanos, para dimensionar la magnitud del robo.
Un grupo de personas que hasta ayer llevaba una vida económica normal —con ingresos derivados de trabajos en las Fuerzas Armadas, universidades o modestas actividades privadas— terminó convertido en una élite obscenamente rica que hoy exhibe impúdicamente su fortuna mal habida. Desde la enfermera de Chávez hasta hijos y sobrinos de Maduro, pasando por generales, almirantes, coroneles y altos funcionarios, aparecen vinculados a cuentas y negocios estrambóticos que jamás se corresponden con su desempeño profesional ni con la lógica económica.
Haber ofrecido el territorio venezolano como plataforma para la producción y comercialización de drogas es un hecho público y ampliamente documentado. Diversos países han incautado cargamentos de cocaína y marihuana enviados desde Venezuela, hechos corroborados tanto por operadores capturados, como por altos funcionarios que han documentado la responsabilidad directa de quienes usurpan el poder del Estado.
El negocio de la droga fue asumido por la cúpula roja no solo como una fuente de financiamiento, sino también como parte de una concepción perversa concebida por Fidel Castro y asumida por Hugo Chávez: inundar de drogas a Estados Unidos y Europa para socavar sus sociedades. A esa lógica se sumó el petróleo, el otro gran objetivo estratégico del dictador cubano. Por ello Venezuela fue el epicentro de su proyecto de expansión revolucionaria. Castro logró someter ideológica y políticamente a un personaje dócil como Chávez y utilizó nuestro petróleo como instrumento geopolítico: suministro gratuito para Cuba y fuente de financiamiento mediante su reventa.
Para Venezuela, el petróleo fue la palanca que permitió dejar atrás el atraso rural y convertirse en una nación moderna y próspera durante el siglo XX. Ese logro fue posible mientras la industria se manejó con criterios gerenciales, como eje fundamental del desarrollo nacional. El crecimiento de la industria petrolera se alcanzó gracias a alianzas con empresas privadas de Estados Unidos y Europa, antes de la llegada del chavismo al poder.
Conviene recordar esta historia hoy, cuando la dictadura se rasga las vestiduras alegando que la presión internacional busca “robarnos el petróleo”, cuando en realidad el robo sistemático del oro negro ha sido una constante durante estos años de socialismo autoritario.
El petróleo es de los venezolanos, y eso no está en discusión. Su explotación dio origen a una industria poderosa gracias a la participación privada internacional. En el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, el Estado asumió el control total de la industria mediante un proceso negociado, dando origen a PDVSA. Posteriormente, las circunstancias económicas aconsejaron una apertura que permitió su reimpulso. Todo ello fue desmantelado por Chávez, quien expulsó a las empresas, confiscó activos y revocó acuerdos bajo tesis ideológicas anacrónicas y contrarias al interés nacional.
Con Chávez y Maduro comenzó la destrucción de la industria petrolera: desde el despido masivo de entre 18.000 y 20.000 técnicos y gerentes tras la huelga de 2002-2003, hasta la desnaturalización de PDVSA, convertida en agencia de alimentos o constructora de viviendas. Aquella empresa de clase mundial fue saqueada y arruinada al ser entregada a piratas sin conocimiento técnico, formación gerencial ni ética pública.
La PDVSA “roja rojita”, proclamada “del pueblo”, terminó siendo una herramienta para el enriquecimiento de la casta política y militar, y un mecanismo para comprar lealtades y financiar movimientos de la izquierda autoritaria en el continente. De allí el regalo de petróleo a Cuba, al Caribe y la entrega de buena parte de la producción a China.
Destruyeron las refinerías y el país se quedó sin gasolina. El gas doméstico, antes accesible, se transformó en un instrumento de control y humillación social. Se eliminaron los sistemas modernos de administración y control, dando paso a un manejo oscuro e inauditable
El desastre ha sido tan evidente que incluso el propio Maduro se ha visto obligado a expulsar y encarcelar a algunos de los responsables. Basta recordar los nombres de Rafael Ramírez, Asdrúbal Chávez, Nelson Martínez, Manuel Quevedo, Tareck El Aissami y Pedro Tellechea para entender el perfil de quienes destruyeron PDVSA. Chávez y Maduro son responsables directos de haber entregado la industria a estos saqueadores.
El oro y el coltán han sido otro renglón del enriquecimiento ilícito. La llamada “apertura minera” ha devastado la biodiversidad amazónica y alimentados negocios oscuros. Los escándalos que involucran a figuras como Rodríguez Zapatero, Delcy Rodríguez y el propio hijo de Maduro dan cuenta del daño causado.
Más recientemente, la opinión pública ha conocido el uso de otro recurso estratégico: el presunto envío de uranio a Irán para su programa nuclear. Todo se hace de manera clandestina, sin registros ni auditorías, bajo el control de distintas facciones de la camarilla criminal.
Nada de esto sería posible sin la destrucción de las instituciones. No ha habido interpelaciones parlamentarias, auditorías serias de la Contraloría ni juicios públicos, como ordena la ley. La impunidad y la complicidad han sido la norma. Los supuestos encarcelamientos de Tareck El Aissami y Pedro Tellechea carecen de procesos judiciales transparentes. Todo se oculta porque todos son responsables, comenzando por Maduro.
Este escándalo terminará provocando la salida definitiva de la camarilla usurpadora. Con el restablecimiento de la democracia recuperaremos el control de nuestros recursos naturales, estableceremos una gerencia transparente y pondremos esas riquezas al servicio de la reconstrucción económica y social del país.
Con la democracia, el petróleo, el oro, el coltán, el uranio y todos los recursos volverán a ser de los venezolanos, y Venezuela dejará de ser refugio de carteles de la droga.