Lapatilla
Venezuela atraviesa uno de los procesos históricos más complejos, prolongados y dolorosos de su vida republicana. No se trata únicamente de una crisis política, económica o social, como con frecuencia se intenta simplificar desde ciertos análisis coyunturales. Lo que vive el país desde hace más de veinticinco años es una crisis moral e institucional profunda, en la que se ha desdibujado la frontera entre legalidad e ilegalidad, entre autoridad y crimen, entre poder y servicio público.
En este contexto, una de las expresiones más claras y contundentes formuladas por María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, ha sido definir el proceso venezolano como una lucha del bien contra el mal. Esta afirmación, lejos de ser una consigna retórica o una metáfora emocional, constituye una categoría ética y política que permite comprender la verdadera naturaleza del conflicto venezolano.
Hablar del bien y del mal en política no implica caer en maniqueísmos simplistas. Implica reconocer que existen regímenes que dejan de ser simplemente autoritarios o ineficientes para convertirse en estructuras de dominación criminal, donde la violencia, el terror y la corrupción dejan de ser desviaciones y pasan a ser políticas de Estado. Venezuela ha transitado ese camino de forma progresiva desde finales del siglo XX, hasta desembocar en un modelo que puede ser descrito, sin exageración, como una narcodictadura.
Durante este período, las instituciones del Estado han sido sistemáticamente ocupadas y degradadas. El Poder Judicial dejó de ser garante de derechos para convertirse en instrumento de persecución. El sistema electoral fue desnaturalizado como mecanismo de representación. La Fuerza Armada fue politizada y penetrada por intereses ilícitos. Paralelamente, estructuras criminales como el Cartel de los Soles y el Cartel de Aragua se consolidaron como expresiones paraestatales del terror, actuando con impunidad y, en muchos casos, con la complicidad directa del poder político.
Esta realidad no es una opinión ni una narrativa partidista. Ha sido documentada por organismos internacionales, particularmente por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, cuyos informes concluyen que en Venezuela se cometen violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Estos hechos configuran crímenes que no prescriben y que comprometen la responsabilidad penal individual de quienes los ordenaron o ejecutaron.
Frente a este mal institucionalizado, el pueblo venezolano no ha sido un actor pasivo. Por el contrario, ha desarrollado una resistencia ética persistente, expresada en múltiples formas: protestas pacíficas, organización ciudadana, denuncia internacional, defensa de los derechos humanos y, de manera muy especial, la defensa del voto como instrumento de soberanía popular. En un contexto de miedo, represión y exilio forzado, millones de venezolanos han seguido apostando por la vía democrática como acto de dignidad.
El 28 de julio de 2024 constituye uno de los hitos más relevantes de esta lucha. Ese día, el pueblo venezolano expresó de manera clara y contundente su voluntad política al elegir como Presidente de la República a Edmundo González Urrutia. Aunque ese mandato no ha podido ejecutarse debido a la usurpación del poder y al desconocimiento de la soberanía popular, su significado político, jurídico y moral permanece intacto. El voto no fue derrotado; fue desconocido. Y esa diferencia es fundamental para comprender el momento histórico que vivimos.
Este escenario plantea una segunda pregunta de enorme trascendencia: ¿Qué tipo de liderazgo necesita Venezuela para la etapa que habrá de abrirse una vez que se inicie el desalojo de la narcodictadura? La destrucción institucional no solo ha afectado estructuras formales del Estado, sino que ha erosionado profundamente los valores, principios y referentes del liderazgo político y social. La normalización de la corrupción, el cinismo, el oportunismo y la resignación han dejado huellas profundas en la cultura pública.
No basta, por tanto, con un cambio de nombres o de actores en el poder. Venezuela necesita una renovación moral del liderazgo, una redefinición de lo que significa ejercer autoridad en una República democrática. En noviembre de 2025, María Corina Machado presentó el Manifiesto de Libertad, un documento político de gran relevancia que propone los fundamentos éticos de una nueva era para el país. Allí se plantea devolver la soberanía a los ciudadanos a partir de cinco ejes centrales: dignidad humana, derechos civiles, derecho al voto, reunificación familiar y una economía al servicio de la libertad y la prosperidad.
Estos ejes no deben entenderse como simples consignas programáticas, sino como criterios morales para la reconstrucción de la República. Colocar la dignidad humana en el centro implica reconocer que el Estado existe para servir a la persona y no para someterla. Defender los derechos civiles supone restablecer la igualdad ante la ley y el fin de la impunidad. Garantizar el derecho al voto significa reconstruir la confianza en la democracia como mecanismo de decisión colectiva. Promover la reunificación familiar reconoce el drama de la diáspora como una herida nacional. Y replantear la economía y la energía implica abandonar el modelo depredador que convirtió los recursos del país en botín de una élite corrupta.
La vinculación entre estos dos grandes temas —la lucha del bien contra el mal y los atributos del nuevo liderazgo— es profunda e inseparable. El mal que se ha consolidado en Venezuela no solo ha destruido instituciones, sino que ha deformado valores, hábitos y expectativas. Por ello, la transición democrática no puede limitarse a la restitución formal del Estado de Derecho; debe implicar una reconstrucción ética de la vida pública. Sin valores no hay instituciones que resistan, y sin liderazgo moral no hay democracia que perdure.
Con base en estas reflexiones, he decidido iniciar una investigación amplia, rigurosa y participativa que tendrá como resultado la elaboración de un libro sobre estos dos ejes fundamentales. No se trata de una obra cerrada ni de una visión unilateral, sino de un proceso abierto que incorpore la opinión, la experiencia y la reflexión de ciudadanos, líderes sociales, académicos y venezolanos dentro y fuera del país. La reconstrucción de Venezuela no puede hacerse sin escuchar a su gente ni sin asumir críticamente nuestra propia historia.
Desde hoy, abro canales de consulta en mis redes sociales y en este espacio para recoger ideas, preguntas y aportes. ¿Cómo entiende usted la lucha del bien contra el mal en Venezuela? ¿Qué valores fueron destruidos y cuáles deben ser rescatados? ¿Qué atributos debe tener un líder político o social en la nueva Venezuela? ¿Qué errores éticos no pueden repetirse? Estas preguntas no buscan respuestas inmediatas, sino contribuir a una reflexión colectiva necesaria.
Venezuela necesita algo más profundo que un cambio de poder. Necesita una restauración moral, una reconciliación con los principios republicanos y una reafirmación de la dignidad del ciudadano como eje del orden político. Comprender la naturaleza del mal que nos ha gobernado y definir con claridad el bien que aspiramos a construir es una tarea histórica. Este libro aspira a ser una contribución honesta y comprometida a ese desafío.
Rafael Veloz García. Expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); abogado constitucionalista; diputado de la Asamblea Nacional 2015.