La cancelación del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) cambió la vida de miles de venezolanos en Estados Unidos. Entre ellos se encuentra Mirelis Morales, una periodista que se vio obligada a abandonar el sueño americano y dejar atrás su vida en Miami, Florida, para partir rumbo a Europa.
Por La Nación
Las idas y vueltas de la venezolana hasta que se instaló en Miami gracias al TPS
Migrar a Miami nunca figuró en los planes de Morales. Sin opciones reales para una green card, la idea parecía lejana. Hasta que todo cambió en marzo de 2022, cuando el gobierno de Joe Biden aprobó el TPS para venezolanos. Esa medida le permitió obtener seguro social y permiso de trabajo en Estados Unidos, según contó en diálogo con BBC.
Antes de llegar a Estados Unidos, su travesía migratoria había comenzado en junio de 2018, cuando salió de Venezuela junto a su hijo pequeño rumbo a Perú, donde se instalaron de forma legal y lograron estabilidad. Con la pandemia de Covid-19, esa calma se quebró. La falta de una red de apoyo y el miedo a enfermarse la llevaron a pensar en un nuevo destino.
En 2021, evaluó dos opciones: Miami o Madrid. Eligió España y una visa humanitaria, pero antes Morales pasaría Navidad en EE.UU. con su hermano. Las fronteras españolas seguían cerradas y la estadía se extendió más de lo previsto. En ese contexto, llegó la aprobación del TPS y el plan cambió por completo.
Fue así que Miami se transformó en su nuevo refugio. Allí trabajó como periodista, formalizó un negocio editorial y reconstruyó su vida personal. Con ese escenario, inició los trámites para una visa permanente.
La apuesta por una visa de EE.UU. y el primer rechazo del gobierno
Varios conocidos le insistieron en que su perfil calificaba para una visa de talentos extraordinarios (Visa O-1). Con premios, publicaciones y reconocimientos, contrató a un abogado y pagó 6000 dólares para comenzar el proceso.
Durante un año, Morales reunió pruebas para cumplir con los criterios exigidos. Cada carta de respaldo implicó gestiones extensas y negativas. Aun así, sostuvo la expectativa. El trámite también buscaba regularizar la situación de su hijo y de su pareja, quien llevaba más de una década a la espera de una entrevista por asilo.
Pagó otros US$3500 en gastos administrativos y servicio exprés. “Esto es una inversión a futuro”, se repetía a sí misma. El expediente se envió el 15 de febrero de 2024. Luego de 12 días, llegó la respuesta: caso rechazado.
Lea más en La Nación