El sector privado de la economía va a ser privilegiado en la nueva gobernabilidad democrática, ya que como motor del desarrollo va a recibir apoyo y estímulo, a la vez que se liberará de trabas y obstáculos. La privatización, concesión o manejo mixto (Asociaciones Público Privadas) de empresas y activos públicos, permitirá al Estado deslastrarse de compañías que no administra bien y que no puede sostener financieramente. Así Parmalat, Lácteos Los Andes, Aceite Diana, Harina Juana, Banco de Venezuela, Cantv, etc., serían subastadas al mejor postor, en el estado en que estén; esto supondrá precios de gallina flaca, en muchos casos. Pero también hay bienes inmuebles como el hotel Humboldt, la torre Capriles, el hotel Hilton, la torre Banco Unión, lo que queda de las empresas de Guayana, etc., que también correrían la misma suerte. Pero además de los activos existentes, el sector privado puede aprovechar oportunidades de negocio en cuanto a: construcción de la red de distribución de gas por tuberías en muchas ciudades; desarrollo de la industria petroquímica; construcción de una nueva línea de transmisión eléctrica de 765 kV; planta de pellas, planta de harina minera, planta de concentración de cuarcitas friables, planta de molienda de finos, planta de densificantes, planta de pigmentos; hidrológicas estadales, eléctricas estadales, concesión del manejo y operación de autopistas, etc., etc.
Pero también la empresa privada puede, debido a su condición emprendedora, generar oportunidades propias de negocio en una economía desregulada que estimule a invertir al capital privado en las múltiples áreas en que considere vale la pena asumir riesgos.
Oportunidades para la inversión privada las habrá a montones; el problema no es ese, sino que haya un buen gobierno, uno en que el Estado sea capaz de asumir correctamente su rol de árbitro, de manera que consiga un equilibrio y armonía entre los sectores fundamentales del país: la empresa privada, el sector laboral y la sociedad civil. Que exista un balance entre estos actores sin que haya un desequilibrio en favor de uno. Pero también en que el Estado tenga certeza de lo que puede hacer y de lo que no debe hacer. Que tenga claridad en las prioridades del país, que ponga al ciudadano como norte de su gestión, que sepa a ciencia cierta cuales son los problemas reales y los priorice según su urgencia de solución, que tenga noción de con cuales y cuantos recursos puede contar para sacar al país de la destrucción en que lo habrá dejado el chavismo, que sepa en qué escenario se encuentra (la transición será un período corto de reconstrucción que necesita acciones puntuales y efectivas; la etapa de estabilización requerirá la aplicación de medidas de políticas públicas, habiendo normalizado al país).
La nueva gobernabilidad debe entender que la recuperación del país será algo muy complejo ya que la destrucción de la infraestructura, de los procesos, del capital humano, de la cultura corporativa, de los valores meritocráticos, etc., requerirá algo más que una receta ideológica, una buena política económica y dejar que el mercado actúe. Hay que hacer buena la conseja que sostiene: “Tanto mercado como sea necesario, tanto Estado como se requiera”. Aunque hay que priorizar al inicio el agua potable, la electricidad, la salud, la alimentación, la educación, el gas, el trasporte de carga, los puertos, la seguridad ciudadana, etc., lo cierto es que todos los sectores clave de la gobernabilidad deben arrancar parejos, deben avanzar en forma simultánea y concomitante, porque de quedarse alguno atrás habrá un desbalance que ralentizará del desarrollo del país.
Es oportuno insistir en que no es conveniente esa concepción de que hay que desmantelar al Estado; si bien es cierto que el gigantismo gubernamental le hizo mucho daño a Venezuela, lo que conviene hacer ahora es contar con un Estado, pequeño, plano, simplificado, ágil, económico, pero fuerte. Además, hay que remachar que cada sector estratégico del desarrollo debe tener su asiento en el Consejo de Ministros, ya que su ausencia le impedirá al presidente de la república saber cuáles son los problemas que padece en concreto ese sector y en consecuencia implementar una efectiva política que los solucione. Además, en Consejo de Ministros se hacen las coordinaciones del alto gobierno y en los gabinetes sectoriales se concretan los acuerdos interministeriales para que se cumpla lo acordado por el presidente y sus ministros (ver mi libro: “Políticas Públicas para el Desarrollo de Venezuela y Latinoamérica”).
Obviamente debe desburocratizarse la administración pública venezolana, hay que eliminar muchos ministerios e institutos autónomos inútiles que creó el chavismo, hay que simplificar los trámites, etc., pero hay que dejar las funciones medulares ministeriales. Por otra parte, debe quedar muy claro que la rectoría sectorial de la aplicación de las políticas públicas, la tienen los ministerios, y que ningún gobernador o alcalde, con sus amigos asesores, puede tomar acciones o proponer proyectos que contraríen las directrices ministeriales.